Bien vale la pena "pegar" el resto del artículo:
Si usted quiere dormir un rato le dicen que lo cuidan, pero por plata. Aparece como un capo en el pabellón al que toca darle plata. Si quieres consumir droga, lo puedes hacer sin problema. La gente paga $1.000, $2.000, $5.000, hasta $10.000, por un ‘pase’. Es el comercio más asqueroso que hay allí en ese momento. Y sobre las 6 de la mañana, uno ya con ganas de salir, le empiezan a decir que a las 7, que a las 8, que a las 9, y la gente ya muerta del hambre cae en otra trampa: allá le venden a usted un tinto con un pedacito de pan y de salchichón por $5.000. Una actividad que tampoco es legal y que también la denuncié.
Finalmente a las 11:30 de la mañana del 24 de diciembre nos dieron salida. Empieza uno a hacer fila y sale como ganado. Se firma un libro y luego la odisea es para recuperar las pertenencias cuando ni siquiera me hicieron un acta de las cosas que me quitaron. Cuando reclamé mis cosas nada más encontré un celular. Por eso los denuncio por hurto. De inmediato le comenté a un sargento del robo. Me identifiqué como funcionario público, pero ellos son ciegos porque es la ley del bolillo, las patadas, los puños y la vulgaridad. El uniformado me dijo que me fuera para mi casa y que al día siguiente fuera al mismo CAI del Centro donde me montaron al camión para denunciar. Yo de pendejo fui el 25 de diciembre.
Y entonces me ponen a dar vueltas: que fuera a Medicina Legal, luego que a Paloquemao, después que a una URI en Puente Aranda. Ahí un señor de la Fiscalía me dijo: ‘A usted le están tomando del pelo para que se le pasen todas las secuelas que tiene de golpes en su cuerpo. Vaya a su EPS’. Le agradecí. Arranqué para Colsánitas y de inmediato me dieron incapacidad porque no podía ni caminar. También me remitieron de nuevo a Medicina Legal y allí un médico legista determinó que la incapacidad debía ser por 12 días.
Es que me golpearon en la cara, costillas, manos, piernas. Jamás me había pasado algo como esto en mis 52 años de vida. Por eso no dudo en denunciarlo. Yo soy licenciado en ciencias sociales, politólogo con una maestría en administración pública y he trabajado en la Personería, la Contraloría y la Secretaría de Gobierno de Bogotá. He sido jefe de servicios generales, jefe de presupuestos de la Contraloría Distrital, jefe de recursos humanos. Ahora me desempeño como profesional especializado en el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Idpac, que maneja todo lo que tiene que ver con las Juntas de Acción Comunal.
Tengo tres hijos: uno abogado, una psicóloga y una médica. Mi familia estaba asustada en un principio cuando les dije que iba a denunciar lo que me pasó. Les hice entender que como funcionario del gobierno distrital era mi obligación hacerle saber a las autoridades de estos abusos, de lo ocurrido con el camión, de lo que vi en la UPJ, de cómo los más mínimos derechos humanos no se me respetaron y, al parecer, no se respetan en estas unidades. En todo este calvario, los golpes, los bolillos, el maltrato, vi casos de corrupción, nepotismo, abuso de autoridad, negación de la justicia, incumplimiento de la sentencia constitucional del debido proceso, consumo y venta de estupefacientes y microtráfico de drogas.
Les digo más. No voy a claudicar en mi denuncia. Estos señores deben responder por sus acciones. La Procuraduría y la Fiscalía deberán evaluar lo ocurrido. Tengo las placas de tres de los policías que me agredieron. Pero en total fueron seis. Tengo todas las pruebas que acreditan estos abusos. El informe de mi EPS, la incapacidad de Medicina Legal, el registro de las llamadas en donde informaba lo que me estaba pasando en el camión, en fin. Además, como servidor del Distrito conozco mis derechos. Es absurdo que yo que voy a judicializar a unos delincuentes que por poco me atracan termine después atracado en el camión de estacas de la Policía. Y que, además, no me hayan dejado denunciar esto en el CAI ni en la UPJ ni en ninguna parte.
Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Estoy esperando a que regrese el alcalde Petro, a quien conozco, para entregarle una carta con todos los detalles de lo que me ocurrió. También le mandaré esta denuncia al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez; al secretario anticorrupción; al Defensor del Pueblo; al Ministerio Público. Esto que me pasó no le puede pasar a la gente que por confiar en las autoridades, por acudir a la denuncia de unos delincuentes, termine tratada como el peor de los bandidos. Esto no puede pasar”.
Fuente El Espectador