¿Pacto o no pacto?
El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, llamado Pacto de Bogotá, fue adoptado con los escombros aún humeantes de abril de 1948. Ha sido objeto de fuertes críticas, principalmente por su estructura desueta, por sus dispositivos oscuros –algunos de difícil ejecución— y por la poca acogida entre los países de la región.
El retiro de Colombia de ese pacto, “muy poco muy tarde”, amerita tres comentarios muy breves en este espacio.
Primero, Colombia pudo haber sustentado su retiro con base en las críticas legitimas al Pacto, incluso liderando su reforma, de suerte que el retiro habría tenido más contundencia y no habría aparecido como una reacción de inseguridad o como la consecuencia inevitable de una derrota que pudo ser evitada.
Segundo, aunque tardío, el retiro confirma que este es un mecanismo legítimo que tienen los Estados para evitar comparecer ante la Corte y que pudo haber sido utilizado por Colombia eficazmente y con sólidos argumentos geográ-ficos y jurídicos hace diez, quince o, incluso, veinte años. Ahora es muy poco el tiempo por cuanto no blinda a Colombia de forma absoluta respecto de compromisos y controversias nuevas que podrían venir en el futuro.
Tercero, es de suponer que Colombia contempló, recientemente, mecanismos que pudieron haber
mantenido su vinculación al Pacto de Bogotá, permitiendo el retiro o exclusión de aplicación de todos los procedimientos de que tratan los artículos 33 y 34 (para los casos de cosa juzgada y solución de controversias por vía de tratados), como de forma previsiva lo expresó Perú en su reserva al firmar dicho
pacto.
El acatamiento de los fallos de la CIJ es obligatorio. Pero acatamiento aquí no debe ser sinónimo de docilidad. Los mecanismos de revisión y de interpretación, con las limitaciones que impone su Estatuto, no dejan mayores espacios para que se pueda prever un cambio en su posición.
Lo que debería quedar bien claro es que las objeciones y las resistencias de Colombia a la decisión son legítimas y pueden ser bien sustentadas y presentadas en el escenario internacional ante las instancias que corresponde. No es aceptable que un Estado se quede impasible frente a un despojo de espacio marítimo de esas proporciones. O desproporciones.
Colombia debe salir más hacia el escenario internacional. Hay que explicar, persuadir, convencer a los
países vecinos, a los países afectados indirectamente por la decisión, a las academias colombianas y extranjeras. Hay que ganar aliados. El fallo de la Corte provocará inseguridad e inquietud en otros países
con conflictos de fronteras. Las reacciones no van a tardar. Colombia no está sola. Ahora es imperativo
sustentar bien las inconsistencias y excesos jurídicos.Colombia, país concentrado en los Andes, ha tenido por horizonte infinito sus montañas, no al espacio liso, abierto y ondulante del océano. Colombia, se ha dicho ya, no ha desarrollado una conciencia marítima. Es un país con amplias salidas a espacios marítimos que solo hasta hace poco pasaron a figurar en los documentos de su política exterior.
Ahora aprenderá, a sus expensas, a atender, con mucha precaución, a su mar y a sus océanos,
como también a las controversias y litigios que se desprendan del ejercicio de soberanía sobre esos
espacios.
En conclusión, lo que permitirá a Colombia implementar el fallo de la CIJ en condiciones más propicias es la sustentación crítica de los excesos de la Corte, desde el derecho internacional y frente a la comunidad de Estados, con alianzas eficaces; y no según las dificultades que presenta nuestra Constitución política, argumentación fácilmente rebatible y de poco sustento frente al derecho internacional.
La implementación de esa sentencia tomará años y en ese proceso deberán tener parte los
sanandresanos.
Mientras tanto, el artista sigue hilvanando el lamento de sus coplas: “este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra; ¡ay, país, país, país!”. ¿Cómo estarán rimando sus coplas los sanandresanos?