Los jueces, cuando declaran responsable a un delincuente, deben basarse en la certeza. No puede haber asomo de duda de que no cometió la conducta de que se le acusa. De lo contrario, si existe duda, se le debe absolver. Si es tal la exigencia para conductas cometidas, resulta irresponsable y contrario a los derechos humanos juzgar sobre lo que podría hacer.

Ahora bien, la ciencia brinda a los jueces elementos de juicio para guiar sus decisiones, pero no son determinantes. El juez debe guiarse por las pruebas, su íntima convicción y las garantías fundamentales porque se está decidiendo la suerte de un ser humano.

De ahí que, por ejemplo, no se acepte como prueba el polígrafo ya que no da el grado de certeza que requiere la ley. Igual sucede con los violadores. No existe un estudio contundente que señale que los violadores indefectiblemente volverán a delinquir.

Por el contrario, la comunidad científica no se ha puesto de acuerdo (desde el punto de vista médico) sobre la reincidencia. Hay probabilidad, pero no certeza y no se puede castigar a una persona por lo que podría hacer. ¿Y si no lo hace?

Las dictaduras funcionan de esta manera, con probabilidades de eventos futuros. Por eso eliminan a todos aquellos que no responden a su esquema de orden social. En el régimen nazi, específicamente, se defendía la castración de los violadores. Igual tesis se promovía en la Unión Soviética.

Pero en las democracias la ley funciona de otra manera. Se castiga a las personas por lo que han hecho y no por lo que podrían hacer. Y si sufre de alguna anomalía mental se le recluye por tiempo indeterminado en una institución especializada hasta su curación.

Y respecto a los reincidentes, las penas que se aplican son mayores a las que les corresponden a los que delinquen por primera vez.