Orlando Pelayo, el padre que pagó a terceras personas para que maten a su hijo de 11 meses en Chía (Colombia), aceptó haber organizado el crimen de su hijo Luis Santiago.

Pelayo, un taxista de 50 años, que enfrenta cargos por secuestro y homicidio del menor, declaró: "Conseguí las personas y les pagué. La orden era que desaparecieran al niño", durante la audiencia que se realizó la tarde del miércoles pasado, al mismo tiempo que se realizaba el sepellio de su hijo.

De acuerdo con una publicación de diario El Tiempo, la audiencia fue suspendida porque cientos de manifestantes lanzando piedras querían entrar al juzgado y linchar al taxista.

Pelayo planeó el crimen hace cuatro meses, contactó a tres personas con antecendentes de tráfico de menores y de drogas para que se encarguen de desaparcer al menor, las mismas que no aceptaron su oferta económica, que fue de 300 000 pesos ($13. Finalmente el trabajo lo realizó Martha Grazón, una mujer con problemas de drogadicción, con ayuda de su compañero sentimental, Orlando Ovalle Moreno, por 500 000 ($23.

Durante las declaraciones, el padre de Luis Santiago pidió perdón a la familia de Clara Ivone Lozano, la madre del bebé y a Colombia. Aclaró además que él no fue quien mató al niño.

Los cómplices de Pelayo, que enfrentan los mismos cargos, también fueron escuchados. Ovalle aceptó el cargo de secuestro simple agravado, pero negó el de homicidio, al igual que Garzón.

Un juez de garantía, según El Tiempo, solicitó la encarcelación de Ovalle, sin la posibilidad de que pague una fianza para salir.

Las investigaciones indican que el niño murió asfixiado y aparentemente fue torturado, afirmó Pedro Franco, director del instituto forense estatal de Medicina Legal. Según ese organismo este año han sido asesinados 520 menores de edad en Colombia.

Mientras que el procurador Edgardo Mayo manifestó que el ministerio Público pedirá la máxima condena para los implicados, que llega a los 60 años.

Por otro lado, un grupo de congresistas presentó el miércoles pasado un proyecto de ley que propone establecer la cadena perpetua para delitos contra la vida y la integridad de los menores de 14 años. (AFP- VET-Internet)