 Respuesta: El procurador y los ajustes pensionales
Su requerimiento a los ministerios, Cajanal, Seguro Social y fondos de pensiones fue respetar los derechos adquiridos y acatar la “jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en defensa de los derechos de los servidores públicos afiliados a regímenes pensionales cobijados por la transición”. De paso, instó a revisar los precedentes jurisprudenciales en la materia para evitar detrimento al patrimonio público, violación a los derechos de los afiliados y la congestión que por estos casos ya reina en la Rama Judicial.
El tema está al rojo vivo pero poco trasciende, porque pelear con la justicia es una osadía. Sin embargo, entre las autoridades económicas existe la preocupación de modificaciones al sistema pensional por vía de interpretación jurídica, para beneficiar a altos dignatarios de la Rama Judicial y los organismos de control. Una realidad que se traduce en la búsqueda de beneficios en contra de la estabilidad de las finanzas públicas, con un escenario adicional poco explorado: la rotación de cargos de mayores ingresos entre los funcionarios próximos a pensionarse.
El caso de la Judicatura
La Contraloría General de la República adoptó esta semana una decisión inusual: imputó cargos de responsabilidad fiscal contra 13 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura por presuntos daños al patrimonio público en cuantía superior a los $3.000 millones, en hechos relacionados con apoyo para la liquidación pensional de funcionarios judiciales.
Lo que pretende el organismo de control es establecer si hubo irregularidades en la designación de magistrados auxiliares por breves períodos, con el fin de que cumplieran requisitos de edad y tiempo y, de esta manera, pudieran obtener mejores condiciones para el pago de su pensión, en detrimento de los recursos públicos.
La preocupación económica del Gobierno
El Ministerio de Hacienda produjo en mayo de 2011 un documento que demuestra la inquietud de las autoridades económicas sobre lo que está sucediendo alrededor del Sistema General de Pensiones. En esencia, se establece que la unificación de los regímenes pensionales cayó en el terreno de las decisiones judiciales.
Según expertos consultados, el tema es de tal magnitud que ya se han producido fallos que incluso se van más atrás de la Ley 33 de 1985 que regía los términos de pensión de altos dignatarios de la justicia, para autorizar pagos imprevistos que, de alguna manera, correspondan a los privilegios pensionales de los congresistas.
La preocupación del alto gobierno radica en el impacto fiscal que están causando estos fallos. Un cálculo del Ministerio de Hacienda prevé que en caso de extenderse ese tipo de decisiones, la incidencia para las finanzas del Estado sería enorme, afectando derechos de otros trabajadores con opciones de adquirir su pensión.
La elección del procurador general
En los próximos días el Senado de la República elegirá procurador general de la Nación. El favoritismo en la elección está en cabeza del actual titular del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien desde hace varias semanas recibió el respaldo de varios partidos políticos. El abogado Ordóñez fue ternado por la Corte Suprema de Justicia.
Sus otros rivales son la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura María Mercedes López, quien fue seleccionada por el presidente Juan Manuel Santos como aspirante al cargo el pasado 1° de noviembre.
La terna la complementa el jurista Orlando Gallo Suárez, quien fue escogido en representación del Consejo de Estado.
Fuente El Espectador
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