Trece militares de alta montaña condenados por la masacre de diez miembros de la Dijín y un civil ocurrida el 22 de mayo de 2006 en Potrerito, Jamundí, empezaron a recobrar su libertad.
La decisión fue tomada este martes por la Sala Penal de Tribunal Superior de Cali, debido a que la calificación de sus delitos cambió de delito culposo a delito simple, por lo que la condena les bajó de 50 a ocho años y dos meses de prisión.
“Al los dos sargentos, al cabo y a los demás soldados se les condenó por homicidio culposo, la pena de ellos fue de ocho años y dos meses. En este momento por su buen comportamiento en la cárcel y por las actividades de trabajo que desarrollaron, ya uno de ellos recobró su libertad por pena cumplida y en los próximos meses estarán saliendo el resto de ellos”, dijo Hermes Pérez, abogado de los militares.
El recurso de apelación en el caso Jamundí, en el que murieron diez policías de un grupo de la Dijín contra el narcotráfico y un informante, se interpuso el 14 de julio de 2008. Durante casi dos años, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali estudiaron los alegatos de la defensa contra la condena proferida por el Juzgado Cuarto Penal Especializado.
Los militares estuvieron recluidos en las cárceles de Villahermosa, en las instalaciones de la Tercera Brigada y en la cárcel Militar de Tolemaida.
En cuanto al coronel (r) Bayron Carvajal Osorio y el teniente Harrison Castro, se consideró que no fueron determinadores de los hechos, pero sí pudieron evitarlos.
Se indicó que el teniente Castro pudo haber parado el combate y no le hizo caso a las súplicas de los policías.
Los implicados: Pablo Emilio Riaño Caleño, José Alfredo Porras Mantilla, Mauricio Arcángel Ramírez Gallego, José Geiner Peñaranda Díaz, Carlos Fernando Erazo Riascos, Julián Andrés Pomeo Moreno, Wilson Rafael Bohorquez Pineda, Nelson Enrique David Posso, Eduardo Carvajal Peralta y Julio César Rosero Mestizo.
La masacre y el proceso
Los hechos ocurrieron la noche del 22 de mayo de 2006, cuando una patrulla de la Dijín fue enviada a cumplir un operativo antinarcóticos en el corregimiento de VillaColombia, en el municipio de Jamundí. Sin embargo, en el camino fueron interceptados por miembros del Batallón de Alta Montaña número 3, quienes dispararon contra dicha patrulla, asesinando a diez policías y un civil que actuaba como informante.
Al día siguiente de los hechos, la Fiscalía anunció públicamente que esta masacre fue "un mandado del narcotráfico". Por esta razón, las investigaciones comenzaron a enfocarse en la posibilidad de esta hipótesis. Con el tiempo se descubrió que este pelotón del Ejército estaba fuera de su jurisdicción sin ofrecer una justificación para ello.
En ese momento, la defensa argumentó que las tropas del coronel Carvajal estaban allí para contrarrestar la amenaza de secuestro por parte de las Farc a una familia española que supuestamente estaba en la región. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que no había tal familia española, sino una familia colombiana residente en España, que ya se había ido hacía dos semanas.
Durante el proceso también se verificó que hubo comunicación entre el coronel Carvajal y sus hombres, momentos antes de la masacre, en las que se puede inferir que el pelotón esperaba que un grupo armado pasara por el lugar de los hechos. También se estableció que hubo comunicación entre miembros del batallón y el supuesto informante que acompañaba a la policía.
Según la Fiscalía, existen pruebas de comunicación, a través de Avantel, entre los policías emboscados que demuestra que ellos suplicaban el cese al fuego y que no los mataran. También dice que entre las evidencias encontradas en el lugar se comprobó que el 97% de la munición usada fue del ejército y solo el 3% fue de la Policía.
EL PAÍS