La sección tercera del Consejo de Estado tendrá que resolver el asunto de la demanda interpuesta por parte del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias en contra de la Nación por un valor de 535 millones de pesos por daños y perjuicios.



Esto después de que después de que fracasara la conciliación entre la Procuraduría General y el exministerio de Agricultura en la acción jurídica con la cual busca una indemnización por daños emocionales, a la reputación suya y la de su familia que sufrieron por la sanción disciplinaria interpuesta por el Ministerio Público con el que se le destituyó e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos.



En este sentido considera que este monto de dinero es suficiente para no presentar una demanda contra la Nación por los perjuicios a su percepción injustos que padeció con la sanción disciplinaria.
En el documento señala que el procurador General, Alejandro Ordóñez lo privó de sus derechos para ejercer una debida defensa material, y le impidió controvertir el material probatorio, acomodando de estas las evidencias a una tesis de culpabilidad, y que incluso afectó “su dignidad humana” en el proceso disciplinario que se le adelantó por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.



"El derecho de defensa no se manifestó como plena oportunidad de ser oído, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y (la) evaluación de las que se estimaban como favorables, en un ánimo única y exclusivamente dirigido a probar lo desfavorable. Se desconoce el principio de dignidad humana cuando se juzga con subjetivismos y presunción de culpabilidad", se aprecia en uno de los apartes de la petición.


La indemnización


En el recurso hace referencia al pago de 600 salarios mínimos indemnizatorios por el daño emocional y de su imagen que, para el caso de sus hijos y de su esposa el monto de su solicitud fue de 300 salarios.



Igualmente exige 50 millones de pesos como pago por perjuicio material traducido en el costo de los honorarios de su defensa técnica, en cabeza del abogado Luis Enrique Rojas Osuna.



La Procuraduría General destituyó a Andrés Felipe Arias por haber aprobado la firma de un convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, para la implementación del programa Agro Ingreso Seguro, AIS, sin antes convocar a una licitación pública, lo que llevó al dirigente a invocar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que antes ser tratada en los estrados judiciales, debe ser sometida a un intentos de conciliación.