| Denunciante Dorado
 |  Respuesta: La búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia en el Cono Sur
CHILE: AMNISTÍA VIGENTE CON AVANCES EN LOS JUICIOS
En Chile, la detención del genocida Pinochet en Londres en 1998, promovida por un pedido de extradición del juez español Baltazar Garzón, fue clave para activar causas por violaciones a los derechos humanos. Había querellas presentadas desde el fi n de la dictadura (1990), algunas en tribunales militares, pero sin avances. Hasta ese momento la Corte Suprema reconocía la Ley de Amnistía, que abarca desde el golpe de 1973 hasta diciembre de 1978, período en el que se concentró el 90 por ciento de las víctimas y en el que operó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
“A partir de ese año la Corte prohíbe condenar pero no prohíbe investigar, lo que habilita a abrir el proceso”, explica el periodista Luis Narváez, especializado en derechos humanos en Chile, quien precisa que “a casi 40 años todavía hay jueces que piensan que la Ley de Amnistía está por encima” de normas internacionales. Para Balardini, ello evidencia que “no hay una voluntad de los poderes del Estado ni sufi ciente fuerza por parte de la sociedad civil”.
Sin embargo, empezando por Juan Guzmán, algunos jueces encontraron huecos legales que permitieron llegar a 307 condenas en 2011, con 231 sentencias en fi rme. Balardini señala que en muchas de las causas hay una sola víctima como querellante y que en las confi rmaciones de las condenas se produce a menudo una reducción de la pena. También fue importante lo realizado por la Comisión Retting o Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el presidente Patricio Aylwin, que permitió una primera aproximación sobre las víctimas y que el Estado hiciera una reparación económica. Luego, la Comisión Valech ahondó sobre las torturas y estableció que hubo 35.000 personas torturadasdetenidas, 1.000 detenidas-desaparecidas, 3.000 asesinadas y 200.000 exiliadas. Lo primero en juzgarse fue el caso de las y los desaparecidos, al crearse la fi gura del secuestro permanente, que implica que mientras no es hallado el cuerpo el delito permanece. Luego fueron los asesinados y ahora se está procesando, además, a represores por torturas.
BRASIL: UN CAMINO QUE SE INICIA
El lanzamiento el pasado 16 de mayo de la Comisión de la Verdad por la presidenta Dilma Rousseff inauguró en Brasil un nuevo camino. En un país donde todo está por hacerse para esclarecer lo sucedido durante 21 años de dictadura, esta comisión es un primer paso, aunque el gobierno aclaró reiteradamente, bajo presión, que su informe no derivará en apertura de causas a represores. No saber ni siquiera la cantidad de víctimas ubica al país incluso más atrás que los procesos realizados por Paraguay y Bolivia.
Brasil es clave en términos de desclasifi cación de archivos. Así lo aseguró hace unos años Peter Hornbluh, del National Security Archive de Estados Unidos. Dijo que no se podrá saber la historia completa de la intervención en América del Sur en los 70 sin “los documentos brasileños”. “Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad quienes perdieron amigos y parientes y que continúan sufriendo como si ellos muriesen de nuevo y siempre, cada día”, manifestó la presidenta, ex guerrillera, apresada y torturada por el régimen.
URUGUAY: JUZGAMIENTO INCIPIENTE
El rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue central en Uruguay para destrabar el procesamiento a militares y la condena por crímenes cometidos desde junio de 1973 a marzo de 1985. La Ley de Caducidad aprobada en 1986 por el gobierno de Luis María Sanguinetti fue una traba permanente.
Unos pocos procesos fueron la excepción. En 2006 fue procesado Juan María Bordaberry, dictador entre 1973 y 1976, al igual que su canciller Juan Carlos Blanco. En 2007 fue condenado por los vuelos de la muerte, en el marco del Plan Cóndor, el dictador Gregorio Conrado Álvarez (1981-1985). En 2011 el Congreso aprobó, por impulso del Frente Amplio, la Ley de Imprescriptibilidad de Violaciones a los Derechos Humanos. En opinión de Balardini, “no hay una voluntad unifi cada de juzgamiento por parte del Poder Judicial”, salvo excepciones. En la actualidad continúan las excavaciones en búsqueda de cuerpos, entre ellos el de la nuera del escritor Juan Gelman. José Mujica, a partir de un fallo de la CIDH, asumió ante el Congreso las responsabilidades del Estado en la desaparición forzada de María Claudia García.
PARAGUAY: TONELADAS DE ARCHIVOS Y UN SOLO CONDENADO
En la tierra en la que fueron hallados los informes que prueban la existencia del Plan Cóndor, los llamados Archivos del Terror, no hay justicia. Esta visión, compartida dentro y fuera del país, es la que traslada Martín Almada, abogado que en 1992 halló los documentos junto al juez José Agustín Fernández. “Solamente fue procesado y condenado un militar, el general Ramon Duarte Vera, ex jefe de Policía de Stroessner. Los otros procesados y condenados fueron policías ex torturadores. El Poder Judicial está en manos de los nostálgicos de la dictadura, no hay espacio legal para el procesamiento de genocidas”, resumió.
Paraguay tuvo, sí, una Comisión de la Verdad y la Justicia, presidida por monseñor Mario Melanio Medina, que trabajó entre 2004 y 2008. “En gran medida reconstruyó los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, pero no sirvió para avanzar en los reclamos de justicia. El informe fi nal fue más bien una sanción moral”, explicó Almada.
BOLIVIA: IMPUNIDAD Y UN PUÑADO DE PRESOS
“El cuadro que se presenta no es sólo de impunidad, lo que ya es delito, sino de complicidad, porque teniendo información se nos niega sistemáticamente”. Olga Flores Bedregal reclama aún por su hermano Juan, sindicalista, desaparecido en 1980. Hubo una comisión para investigar desapariciones forzadas durante el gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), que registró 156 casos, pero sus actividades se suspendieron con el cambio de mandato. No puede decirse que haya habido una Comisión de la Verdad.
En 2004 se aprobó la Ley de Resarcimiento. Se registraron 6.600 denuncias, de las que el gobierno de Evo Morales reconoció como válidas unas 1.200. Para Bedregal, el gobierno minimiza lo ocurrido, no desclasifi ca documentos, afi rma que los militares sólo cumplían órdenes, negando la responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, y ya incumplió seis órdenes judiciales (incluida una de la Corte Suprema).
En el Juicio de Responsabilidades, Luis García Meza Tejada, conocido como “el narcodictador”, fue condenado a 30 años de cárcel, al igual que Luis Arce Gómez, ministro del Interior. Hubo también penas para otras 26 personas, represores, paramilitares y policías que participaron del golpe. Algunos ya están libres y otros continúan presos. El juicio contra el dictador Hugo Banzer Suárez (1971-197 nunca llegó a producirse.
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