Rosaura Audi
Jueves 23 de agosto de 2012, por Revista Pueblos
Las dictaduras de América del Sur de los años 70 y 80 consolidaron la estrategia de dominación económica que se aplicó mediante golpes de Estado. La represión fue perpetrada a través del Plan Cóndor: decenas de miles de personas fueron desaparecidas, asesinadas, torturadas y encarceladas; crímenes de lesa humanidad que constituyeron una unificación sistemática del horror. La búsqueda de verdad, memoria y justicia en cada uno de los países fue, no obstante, muy distinta. Mientras algunos recorrieron un camino sostenido de condena, otros tienen aún todo por hacer.

Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina. Así fue el recorrido de la ruptura del orden constitucional en el Cono Sur. Paraguay estaba en dictadura desde la llegada de Alfredo Stroessner al poder en 1954. La caída del presidente brasileño Joao Goulart en marzo del 1964 mediante un golpe militar que contó con el apoyo de la derecha local y de Estados Unidos fue fundamental para la sucesión de derrocamientos de gobiernos democráticos. Porque fueron el dictador brasileño Emilio Garrastazu Médici, el tercero del régimen, su par estadounidense Richard Nixon y el entonces secretario de Estado Henry Kissinger, quienes orquestaron todo, como si se tratara de un juego de TEG. [1] De ello dan cuenta los archivos desclasificados norteamericanos.

Antes de la aplicación del Plan Cóndor y junto a la estrategia de dominación política y económica en clave anticomunista hubo una alianza de capacitación militar. Los ofi ciales latinoamericanos se habían formado en los mismos institutos de lucha contra la guerrilla. Estaba la Escuela de las Américas, en Panamá, por donde pasaron casi todos los ejecutores de la represión, y la formación de la Escuela Francesa, aplicada en Indochina y Argelia. En los 80 comenzaron a caer las dictaduras. Habían logrado implantar un modelo de dominación, con un fuerte legado de pobreza y descomposición social, que sólo fue posible mediante la desaparición, asesinato, torturas, apropiación de bebés y detención de decenas de miles de personas.

El destino común que sufrieron estas poblaciones se diversifi có a la hora de investigar, enjuiciar y castigar a los autores de los crímenes. Muchos gobiernos negociaron impunidad por democracia. Los caminos siempre fueron sinuosos y con obstáculos. En ese recorrido fue pionero Argentina, al que siguió Chile, pese a que aún rige allí la Ley de Amnistía de Augusto Pinochet. En Uruguay falta mucho por hacer y en Brasil acaba de crearse la Comisión de la Verdad, mientras que en Paraguay y Bolivia no hay proceso de justicia.

ARGENTINA: UN AMPLIO TRABAJO CON APOYO SOCIAL

Varios aspectos distinguen a este país por su avance en el proceso de verdad, justicia, memoria y resarcimiento de víctimas de la dictadura cívico militar (1976-1983), según la investigadora Lorena Balardini, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): el juzgamiento sostenido a los represores (al que ahora se suman causas contra civiles), la condena social a quienes asesinaron, torturaron, robaron bebés u ordenaron las atrocidades, y que se haya encontrado la solución legal para construir un caso a partir de la prueba testimonial.

Es cierto que la mayor parte de las condenas carece de una sentencia en fi rme, no existe un cierre visible y falta, sin duda, extender este proceso a los crímenes cometidos por la Triple A [2], una banda paramilitar que operó en el gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón que asesinó a 1.500 personas antes de la dictadura.

Argentina comenzó el primer proceso poco después del retorno a la democracia, una decisión valiente del entonces presidente Ricardo Alfonsín, sin precedentes en la región. Alfonsín ordenó el Juicio a las Juntas y la creación de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP). Nunca Más, el informe elaborado por este organismo, fue el fundamento para juzgar a los dictadores y para las condenas en 1985. Se estableció que hubo 30.000 personas desaparecidas.

Tras intentos de golpes de Estado, Alfonsín dio marcha atrás y promovió las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987). Luego, el presidente Carlos Menem (1989-1999) dio el indulto a militares y guerrilleros. El gobierno de Fernando De La Rúa (1999-2001) no hizo nada al respecto, pero las organizaciones de derechos humanos continuaron con su lucha. En 2003, la llegada de Néstor Kirchner al gobierno supuso un cambio rotundo. Su determinación convirtió en política de Estado lo que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y otras organizaciones habían reclamado. En 2006 se reactivaron los procesos. Hoy se extienden a civiles y se analiza la posibilidad de juzgar los vejámenes infl igidos por los ofi - ciales a los conscriptos en la Guerra de Malvinas como crímenes de lesa humanidad. Desde 2006, según datos del CELS, hubo 68 sentencias, aunque sólo 7 causas o 10 imputados tienen una pena en fi rme por parte de la Corte Suprema de Justicia.