¿Es posible hacer la paz con las Farc?
Por: NATALIA SPRINGER | 7:56 p.m. | 26 de Agosto del 2012
El Presidente de la República tiene el deber de hacer todo lo que tenga a su alcance para honrar el derecho constitucional a la paz.
Frente a la cuestión de la paz, mi posición ha sido siempre la misma: no podemos rendirnos jamás a la necesidad, la urgencia, el anhelo de acabar con esta guerra entre colombianos que nos desangra, que retrasa nuestro desarrollo, que nos impone la pena de muerte, la tragedia como destino, que limita absolutamente todos los derechos fundamentales, empezando por el de vivir libres del miedo.
No podemos renunciar a la obligación de heredarles a nuestros hijos un país mejor que el que recibimos, en el que el día a día no esté supeditado por el terror, un país en el que la civilidad nos reúna de nuevo. En ese sentido, que nadie se equivoque: el Presidente de la República tiene el deber de hacer todo lo que tenga a su alcance para honrar el derecho constitucional a la paz.
Es su obligación y la prueba de que su compromiso es con los más débiles. No fue elegido para gobernar por encuesta. Su valentía es nuestra mayor esperanza, nuestra mejor apuesta como generación.
A la ultraderecha, que advierte que esta es una rendición y grita "¡Caguán!" como obligándonos a agachar la cabeza, a aceptar este permanente fracaso que es la violencia, hay que pedirle que primero se mire las manos que infortunadamente no consiguió lavarse del todo durante el autoproceso de paz con las Auc, a pesar de las verdades que rápidamente se olvidan y de la impunidad que se autoriza como certificado de que aquí no pasó nada y de que las masacres, el horror y el desplazamiento ocurrieron a espaldas de todos.
Con la misma firmeza hay que advertir del riesgo de caer en las trampas de siempre. Al Gobierno, aunque le parezca inconveniente, hay que recordarle que no puede negarse a escuchar los hechos, ni interpretarlos al acomodo de los buenos deseos.
Un ejemplo que me corresponde es el del reclutamiento de niños y niñas y el incremento de la mano de obra infantil en el sector de la economía ilegal, directamente controlado por grupos armados al margen de la ley y bandas criminales, cifras desbordadas, ofensivas, inauditas. Los abogados del diablo saltan indignados, no con los crímenes ofensivos, sino con las cifras. Que eso hace "quedar mal a Colombia". Que la denuncia es "una amenaza para la paz".
Permítanme responderles lo siguiente: en primer lugar, son cifras, señores, no opiniones. Son hechos. En segundo lugar, la negación del crimen y la barbarie, como bien lo prueba, incluso, la más rápida revisión de nuestra historia, no impide su ocurrencia ni evita la extensa victimización que producen.
En tercer lugar, esa negación es, por el contrario, la mejor de las defensas para los verdaderos responsables del reclutamiento de niños y niñas -los grupos armados ilegales y las bandas criminales-, quienes proceden en medio de la más absoluta impunidad, protegidos por una justicia que no mueve un dedo y el amparo de la "versión oficial", según la cual aquí no está pasando nada.
La negociación no puede caer en el desgraciado territorio de la relatividad moral y ética. No puede ser que el sacrificio siempre sea el de la justicia, el de las víctimas. Cualquier avance dependerá de ese elemental reconocimiento del sufrimiento causado. La verdad es el pilar del ineludible compromiso de desandar la barbarie, de humanizar el diálogo desmontando piezas críticas de la máquina de guerra.
La justicia efectiva no es obstáculo, es un faro para restablecer la civilidad. Ni siquiera la justicia más estricta ignora la necesidad de perdonar en la extensión de lo posible, de entablar un diálogo cuya naturaleza siempre es política. No será un proceso perfecto, pero sí tiene que ser legítimo; así que no hay que confundir perdón con impunidad. Ese es el reto que nos tocará asumir a todos.
Natalia Springer
@nataliaspringer
Fuente EL Tiempo