Sorprende (bueno, no tanto) la insistencia del gobierno británico de estar en la obligación de extraditar a Assange. Ha dicho el portavoz de la cancillería británica, Sam Heathrow, que la Convención sobre Relaciones Diplomáticas de Viena, aprobada en 1961, que rige las relaciones diplomáticas entre países y los privilegios e inmunidades que tienen los funcionarios y las embajadas y los consulados, no es "absoluta", es decir, podría contemplar excepciones.

Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia, desde el caso Raúl Haya de La Torre, que duró asilado en la embajada de Colombia en Perú durante cinco años, ha establecido los derechos que tienen los perseguidos políticos y algo muy importante, que quien determina si el delito por el que se persigue al peticionario de asilo es político o común es el Estado que otorga el asilo.

En este momento, el señor Assange se encuentra bajo la protección del Ecuador y es obligación del Estado británico otorgarle un salvoconducto para que pueda abandonar el país sin riesgo de ser detenido. ¿Respetará el reino Unido el derecho internacional? La historia es pródiga en ejemplos de que sólo lo hace cuando le conviene y Assange es una presa jugosa que no puede permitirse que se le escape de sus manos.

No creo que se atreva a ingresar por la fuerza a la embajada del Ecuador, por lo que se espera un largo trámite de tira y afloje entre los dos gobiernos que seguramente terminará en el salvoconducto. Pero no será fácil porque nadie puede darse el lujo de perder en esta controversia y como sucede siempre, es el desgaste mismo el que determinará el fin del asunto.