Desarrollos en Colombia
El punto central aquí es que esa política de España no parece la más atinada y podría, incluso, provocar una arremetida de piratas modernos que preferirían saquear los sitios de naufragios antes que someterse a los dictados impuestos por la península.
Si de tomar iniciativas se trata, Colombia debería promulgar una declaración de derecho del mar que reafirme el alcance de la definición tradicional de inmunidad soberana para los buques de guerra y que, incluso, cuestione la vigencia actual de esa figura para naufragios acaecidos hace tres siglos. Esa declaración podría encontrar adhesión por parte de países del Caribe y ser un mecanismo para ejercer liderazgo en la región.
Es también una forma de promover desarrollos y enfoques en derecho internacional, entre otros aspectos, para reivindicar a pueblos y minorías que en el pasado padecieron la dominación y la expoliación colonial. Poco importa si, verbigracia, el Perú de hoy no cubre el territorio de lo que fue el imperio inca. La España de hoy tampoco es la misma que hace varios siglos construyó un imperio para disputar con otras potencias las claves de los mares del planeta.
Varios escenarios podrían ser considerados para emitir tal declaración, en caso de que el Estado colombiano así lo decida. Uno de ellos, tal vez el más eficaz, podría ser oficializar su ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, reconocida como “la Constitución Mundial de los Océanos”.
No existe razón válida, por lo menos no se ha explicado, para que Colombia siga postergando la ratificación de ese tratado, que podría contribuir eficazmente al desarrollo institucional del sector marítimo en nuestro país y del cual son parte hoy más de 170 países.
Colombia debería considerar como una prioridad la ratificación de esa Convención, y los departamentos marítimos, trece incluido Cesar, son los más interesados en promoverla.
Las complejidades del patrimonio subacuático presentan interrogantes aún por resolver, atraviesan varias disciplinas y expresan intereses estatales de diverso orden sustentados en dos regímenes normativos. Es preciso abordar esos problemas en estudios interdisciplinarios, atendiendo a los desarrollos internacionales o a las posiciones de otros países, que deben ser previstas y anticipadas, pues –como ya es aceptado hoy en Colombia– afectan directa o indirectamente a ese patrimonio.
Normativas
Dos sistemas de normas se enfrentan en materia de patrimonio subacuático: por una parte, el derecho de salvamento y, por otra, la conservación en el sitio, promovida principalmente por la Unesco.
Las normas de salvamento marítimo, consolidadas desde sus orígenes en el derecho romano y en las primeras reglas de navegación en el Mediterráneo, son parte de las políticas públicas de muchos Estados, con el objeto de alentar y promover el rescate en mar. Esas normas reconocen al salvador una indemnización o un porcentaje sobre la carga como compensación por el rescate de un peligro inminente de una nave, su tripulación, carga u otros bienes.
El salvamento se refiere a una nave que se hunde, se ha hundido, se abandona o se ha abandonado y se aplica también al rescate de naufragios históricos.
De las dos posiciones sobre el patrimonio cultural subacuático que se enfrentan hoy en el mundo, es dable anticipar la tendencia a conciliar el derecho de salvamento con rigurosos estándares de preservación y protección arqueológica. Encontrar el punto de equilibrio y desarrollar el método es algo que requiere de innovación y de consensos diplomáticos y arqueológicos en la escena internacional.
Colombia debe deshacer el nudo gordiano de los derechos que hoy pesan sobre la mitad del naufragio del San José. Es obvio que, cualquiera que sea la decisión de la justicia colombiana sobre la legalidad de los derechos de la SSA, tendrá un impacto en la estructura de la nueva ley sobre patrimonio subacuático y afectaría las futuras acciones que intentaría la SSA contra Colombia ante tribunales internacionales o de otros países.
Es del resorte de la soberanía de los Estados examinar, de conformidad con el derecho internacional y los derechos nacionales, las condiciones de legalidad en que se produce o haya producido la apropiación de elementos, partes o conjuntos de su patrimonio cultural, para declarar lo que en derecho corresponda.
Como conclusión, lo que enseñan las experiencias de España y Perú es que son necesarias determinación, perseverancia y disposición de recursos para defender el patrimonio cultural. España no deja nada a la improvisación, y ha implementado una política de Estado bien definida, que incluye recursos diplomáticos, marítimos y judiciales.
En unas relaciones de fuerza que ya aparecen definidas en la escena internacional, para países con un patrimonio subacuático significativo, callar frente a las posiciones jurídicas y diplomáticas de otros Estados podría implicar aceptación tácita.
En su Homenaje a Grecia, André Malraux escribió que la cultura no se hereda, sino que se conquista. Puede decirse entonces que el patrimonio, parte y expresión de la cultura, de alguna forma también se conquista.