Cómo se hace pagar su pobreza a los pobres
Uno por uno, los pobres no resultan demasiada tentadores para los ladrones por razones obvias. Si asaltas a un banquero, puedes encontrarte con una cartera que contenga el equivalente de un mes de alquiler. Si asaltas a un portero, tendrás suerte si te llega para salir en autobús de la escena del delito. Pero tal como señalaba instructivamente el semanario Businessweek en 2007, los pobres en conjunto proporcionan un jugoso objetivo para cualquiera lo bastante depravado como para hacer negocio robándoles.
El truco consiste en robarles con formas que sean sistemáticas, impersonales y casi imposibles de localizar en lo que respecta a sus responsables individuales. Los patronos, por ejemplo, no tienen más que programar sus ordenadores para rebanarles unos cuantos dólares de cada cheque, o pueden pedirles a los trabajadores que vayan a trabajar treinta minutos o más antes de que empiece a contar el reloj.
Los prestamistas, contando a las principales empresas crediticias, así como a los prestamistas del día de paga, han adoptado el papel del tradicional usurero de la esquina, cobrando tasas de interés de locura. Cuando se complementan con intereses de demora (sujetos a su vez a intereses), la tasa de interés efectivo resultante puede llegar a ser tan elevada como de un 600% anual, lo que es perfectamente legal en muchos estados.
No sólo el sector privado se dedica a explotar a los pobres. Las administraciones locales están descubriendo que pueden compensar sus ingresos fiscales en declive gracias a multas, tasas y otros costes impuestos a acusados indigentes, a menudo por delitos cuya ruindad no va más allá de conducir con un carné caducado. Y si eso parece una forma ineficaz de sacar dinero, dado el elevado coste de lo que supone encerrar a la gente, un número creciente de jurisdicciones han empezado a cobrar a los acusados el coste de los tribunales y hasta el precio de ocupar una celda.
Un caso ejemplar de persecución administrativa de la gente en la calle sería el de Edwina Nowlin, un mujer de Michigan sin techo que fue encarcelada en 2009 por no poder pagar 104 dólares mensuales para cubrir los costes de alojamiento y hospedaje del encarcelamiento de su hijo de 16 años. Al recibir un cheque atrasado, pensó que le permitiría pagar la estancia de su hijo en prisión. Por el contrario, se le confiscó para cubrir el coste de su propio encarcelamiento.
Continuará...