Tras una semana de polémica en torno a las razones que llevaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a revocarle los permisos a Manuel Elkin Patarroyo, director de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic), para la captura, con fines científicos, de monos nocturnos en el Amazonas, es claro que la búsqueda de la vacuna colombiana contra la malaria queda suspendida por esta causa indefinidamente.
El Tribunal fundó su decisión en una acción popular interpuesta por Gabriel Vanegas y Ángela Maldonado, de la Fundación Entrópika, según la cual la Fidic estaba usando en sus investigaciones a ejemplares de esta especie, que vive en el Amazonas brasileño y peruano, sin los debidos permisos de importación.
Los denunciantes acusan a Patarroyo de crear poblaciones artificiales de micos, liberados tras ser inoculados con el parásito plasmodium, que causa la malaria, lo cual representaría un peligro para las comunidades aledañas.
El inmunólogo ha dicho que puede demostrar, documentos en mano, que no captura micos fuera del territorio colombiano, que no los somete a malos tratos -entre otras razones porque su trabajo y el de su equipo se ciñen a protocolos estrictos y está apegado al seguimiento de un comité de ética- y que siempre los libera sanos, en áreas asignadas y coordinadas por Corpoamazonia.
Pese a lo dicho, la estación de la Fidic en el Amazonas tendrá que ser cerrada, en acatamiento del fallo del Tribunal, lo que dejó en el aire la última etapa de la investigación de la vacuna que, según sus más recientes resultados, que serán divulgados en la próxima edición de Expert Reviews of Vaccine, tiene una efectividad del 90 por ciento en estos monitos, cuyo genotipo es muy similar al de los humanos, para todos los estadios de la malaria.
No es gratuito que grupos de investigación de todo el mundo, incluido el de Patarroyo, lleven décadas en una dura carrera por encontrar una vacuna que inmunizara contra el plasmodium, que tiene en riesgo a la mitad de la población del planeta.
La malaria, valga recordarlo, cada año enferma a 216 millones de personas y les causa la muerte a cerca de 700.000, particularmente a niños de zonas tropicales empobrecidas.
Con recursos verdaderamente escasos, con vientos en contra movidos por toda clase de intereses, el inmunólogo colombiano ha persistido, junto con su equipo, en la búsqueda de la vacuna durante los últimos años, en estudios que cuentan con el aval de la comunidad académica mundial.
La imposibilidad de trabajar en su laboratorio en el Amazonas se erige como la última de esas barreras. Lo mínimo que cabe esperar, dado el impacto que la decisión del Tribunal pueda tener en una investigación de interés y alcance globales, es que haya claridad absoluta tanto sobre las denuncias que motivaron la decisión como sobre las explicaciones aportadas por el profesor Patarroyo y su equipo.
Que quede claro que toda actuación de los ciudadanos debe tener absoluto apego a las normas, incluidas las relacionadas con la protección del medio ambiente.
Sin embargo, vale tener presente, como lo señala la Universidad Nacional, que, de no poder llevarse a cabo estos estudios en animales, la última etapa de un proyecto como el de Patarroyo tendría que hacerse en humanos, lo que redunda en riesgos para la salud.
No puede desconocerse tampoco que, al tener como objetivo la búsqueda del bien común, la investigación debe ser considerada de interés público y social, razón más que suficiente para que los magistrados le den una segunda mirada a su decisión.