Soldado avisado, sí muere... Esguerra
Mauricio Vargas
El enorme costo político por la escandalosa reforma de la justicia es nada frente al galimatías jurídico que viene.
El presidente Juan Manuel Santos hizo lo correcto el jueves por la noche, al anunciar que no promulgaría la reforma constitucional de la justicia, aprobada la víspera en una escandalosa sesión del Congreso. Aun si se trata de una reacción tardía y jurídicamente discutible, después de tantas alertas en contra de una reforma apadrinada siempre por un gobierno que desoyó todas las voces que le advertían que ese proyecto iba mal y que terminaría peor, al Presidente no le quedaba otro camino. Y se la jugó.
Varios de los 'micos' que escandalizaron a Santos -y al país- la semana pasada asomaban desde hacía semanas, y algunos corrompían desde hace meses el de por sí flojo texto de la reforma. El proyecto se convirtió en un nauseabundo intercambio de favores, donde el Gobierno sacaba algunas cositas que quería, como acabar el Consejo Superior de la Judicatura -casi lo único bueno que lograba-, mientras los magistrados se aseguraban la ampliación del período y que nadie se metiera con ellos, y los congresistas, toda clase de prebendas a la hora de ser procesados. Los 'micos' del miércoles por la noche eran apenas los más escandalosos, no los únicos.
Consciente de ello, Santos descabezó al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, responsable directo del proceso que, repito, se había pervertido hace tiempos ante los ojos impávidos de este jurista famoso por buena papa. Al oficializar el viernes su renuncia, Esguerra aseguró que no era culpable, pero que asumía su responsabilidad política. Elegante manera de decirlo: su responsabilidad política es obvia, pero también es claro que él carga gran parte de las culpas.
Durante casi un año, el ministro fue alertado una y otra vez de la forma como el proyecto se estaba contaminando. Recuerdo una entrevista que le hicimos María Isabel Rueda y yo para Sal y pimienta, de Caracol Radio, hace muchos meses, donde le planteamos los 'micos' que se venían. A pesar de numerosísimas alertas tempranas, Esguerra siguió defendiendo la envenenada reforma. Conocido el texto final de la conciliación, e incluidos los 'orangutanes' de peor sobaquina, el ministro invitó a los congresistas a votarla y a defenderla. No exonero a los congresistas, que deben pagar un buen pedazo de la cuenta. Pero, con su discurso, el ministro, reconocido como un gran jurista, debió espantarles las dudas a muchos. Al día siguiente, seguía en la misma onda: "La reforma es buena, aun si no es la ideal". Hay más responsables y culpables. Pero Esguerra estaba hiperadvertido. El viejo refrán según el cual "soldado avisado no muere en guerra" tiene una nueva versión: "Soldado avisado, sí muere... Esguerra".
Lo peor no ha pasado. Con más voluntad que razón jurídica, el Presidente anunció que devolvía el texto al Congreso para que lo corrija o lo hunda. El Jefe del Estado no tiene esa facultad en la Constitución. Puede hacerlo con las leyes, pero nunca con los actos legislativos que reforman la Carta. Y el cuento de que, al no publicarla en el Diario Oficial, no la promulga, es flojo, pues el propio Gobierno, hace algunos meses, consiguió con sus alegatos que la Corte Constitucional visara una ley tributaria, a pesar de que no había sido publicada oportunamente en el Diario Oficial.
En el caos que viene, muchos tribunales pueden considerar que la reforma está vigente y comenzar a aplicarla, otorgando libertades a procesados con fuero constitucional, cuyo régimen cambia con el texto aprobado por el Congreso. La cuestión es gravísima: ¡el país no sabe hoy qué régimen constitucional rige a su ******o de justicia! El Gobierno tiene que buscar fórmulas jurídicas más sólidas que la no publicación, para hundir el esperpento de reforma. Si es que las encuentra. Si es que las hay. Y, entre tanto, seguir pagando la cuenta.