Congresistas no irían a las sesiones extras
Daniel Reina Romero / SEMANA ¿Vacío o lleno? ¿Cómo se verá el Capitolio en las sesiones extras que el gobierno convocó para hundir la reforma a la Justicia? Los parelamentarios tienen miedo que los investiguen por debatir una reforma a la justicia por fuera de la ley.
reforma a la justicia Ninguna norma los obliga a asistir, pero si van al Capitolio a hundir la reforma a la Justicia por fuera del periodo ordinario de sesiones, estarían expuestos a sanciones disciplinarias. Sólo Liberales y Verdes han confirmado asistencia.
Todo el país está esperando que este miércoles 27 de junio los congresistas, responsables por acción u omisión de las "inconvenientes" normas de la reforma a la Justicia, den la cara.
El Gobierno, según el decreto 1351 del 25 de junio, convocó a los parlamentarios para que no solo acepten las objeciones que Santos le hizo al proyecto, sino para que lo hunda. Esa es la fórmula para que la reforma constitucional que el Congreso rubricó el pasado jueves no entre en vigencia y libre a la Nación de un colapso judicial sin precedentes.
Pero a pesar de que el Gobierno insista en que puede objetar una reforma constitucional, y que esas objeciones pueden ser discutidas en sesiones extraordinarias, como si se tratara de una ley ordinaria, y lo respalde con sentencias e interpretaciones a la Constitución del 91, en el Congreso dicen que ese escenario es ilegal.
Es más, el documento de objeciones radicado en la tarde del lunes, lejos de dar claridad jurídica, sembró mayores temores en los parlamentarios.
Porque así como la Constitución no contiene normas que obliguen a los congresistas a ir a las sesiones extraordinarias, sí hay un artículo que contempla sanciones a los senadores y representantes que tramiten una reforma constitucional fuera de los periodos ordinarios.
Esa norma es el artículo 149 de la Constitución: “Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la Rama Legislativa del Poder Público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes”.
El exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, considera que tan pronto como el Congreso archive la reforma a la Justicia (como puede pasar en estas sesiones extraordinarias) el Procurador General, de oficio, podría iniciar las investigaciones correspondientes contra los congresistas "que decidan participar de sesiones que a la luz de la Constitución no serían legales". (Otra cosa es si el Procurador, en plena campaña de reelección, decida investigar a quienes van a ser sus electores).
Hernández también enuncia el artículo 375 de la Constitución que señala que las reformas constitucionales tendrán que ser discutidos en dos periodos ordinarios y consecutivos, los cuales terminaron el pasado 20 de junio. Por eso, el expresidente de la Corte Constitucional asegura que "al Gobierno y al Congreso ya se les pasó la oportunidad de hundir la reforma". Y es cierto, tuvieron ocho debates durante 11 meses para evitarlo.
¿Por fuera de la ley?
Por eso los congresistas se lo están pensando si asistir o no a las sesiones extras.
El senador Luis Carlos Avellaneda (Polo) asegura que el presidente de la República no tiene competencia para objetar actos legislativos, y estos no pueden ser tratados en sesiones extras. "Si estas se dan son ilegales, no son válidas, además generan responsabilidades disciplinarias contra los congresistas que hayan intervenido".
Por eso el Polo Democrático es uno de los partidos que analiza si asiste o no a las extras, además con el argumento que durante ocho debates promovió el hundimiento de la reforma, tal como lo propone el gobierno después de que se aprobara la nueva norma.
En los partidos de La U y Conservador las inquietudes al respecto también están latentes. Fue uno de los inconvenientes que ha tenido las bancadas de ambos partidos para asumir una postura definitiva frente a esta crisis institucional.
Solo Liberales y Verdes han confirmado asistencia
Los que sí anunciaron su asistencia, y pleno respaldo al gobierno, han sido el Partido
Liberal y el Partido Verde.
En la noche del lunes todos los senadores del Partido Liberal suscribieron un acuerdo interno en el que señalan que “conscientes de la profunda inestabilidad institucional y la ilegitimidad que para la administración de justicia se generaría a partir de la entrada en vigencia del acto legislativo de reforma a la justicia, manifestamos nuestro apoyo al Gobierno Nacional en su propósito de no promulgar la misma, evitar su vigencia y devolverla al Congreso”.
Los liberales llevarán la propuesta al Congreso del hundimiento de la reforma "de manera definitiva y total" el acto legislativo por inconveniente e inconstitucional. "No pueden quedar vivos artículos aislados de una reforma que se desvirtuó en su integralidad".
Dice el Partido Liberal que la presencia de todos sus congresistas este miércoles en el Capitolio, enlas sesiones extraordinarias que convocó el gobierno mediante un procedimiento que consideran "válido y conveniente", y sepultar la reforma "es la mejor manera de asumir la responsabilidad con el país por los hechos conocidos".
El Partido Verde, al señalar a los conciliadores de la Reforma como los autores de los "inmensos errores" que han desencadenado en esta crisis política, insiste en que se debe dar una salida política. Por eso también respaldan la fórmula del Gobierno de convocar a sesiones extraordinarias para que allí la reforma sea "hundida en su integridad y sin vacilaciones".
El miércoles, día en que comenzarán las sesiones extraordinarias, jurídicamente el parlamento podría verse vacío.