Como la recuerda el editorial de El Espectador, desde sus épocas en que gobernaba el ex presidente Uribe sobre la vida, honra y bienes de los colombianos, cualquiera que osara criticarlo, no sólo se ganaba su odio, sino también su señalamiento como terrorista o subversivo.

Hasta el extremo llegó el ex primer mandatario que fue capaz de llamar como guerrilleros de escritorio a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y con el poder en la mano, fue capaz de orquestar con conocidos narco paramilitares, en los sótanos de la Casa de Nariño, una campaña de desprestigio contra la Corte.

Todo esto fue descubierto y censurado por el país y hoy, sus alfiles se encuentran presos o huyendo de la justicia. Igual lo hizo con las ONGs y los periodistas que valientemente denunciaron sus tropelías, sus engaños (recuérdese la campaña contra el magistrado Velásquez) convirtiendo al DAS en una pandilla de delincuentes que conspiraban contra las instituciones colombianas.

Pero aquí sí la saca del Estadio. Ya no son simplemente aliados de la guerrilla o su brazo político. Ahora, los periodistas que hoy continúan descubriendo situaciones delictivas de su entorno familiar, conforman un cartel de sicarios, es decir, una organización criminal destinada a asesinar a cambio de dinero.

En un país como Colombia, con extremistas que "solucionan" los problemas a punta de plomo, señalar con nombre propio a periodistas y académicos serios, responsables y respetados en Colombia y en el exterior, es ponerles una lápida en el pecho.

Esta monstruosa acusación debe levantar la voz no sólo del periodismo colombiano, sino de la comunidad internacional, para rechazar estas viles calumnias y obligar a este incitador de la violencia a pedir excusas públicas.

Avergüenza que una persona de tales calidades haya estado al frente de los destinos de Colombia.