¿Qué pasa en Pacific?
Por: José Roberto Acosta
Pacific Rubiales decidió comprar a Petromagdalena, antigua Alange Energy, hoy demandada por tergiversar la producción diaria de petróleo en un informe público, afectando a inversionistas que compraron sus acciones a más de cuatro veces lo que les tocará vender por cuenta de este nuevo negocio.
Lo aburridor de esto es el vínculo entre el señor Luis Giusti, responsable del escándalo, y los directivos de Pacific, pues sus detractores también lo recuerdan por su participación como miembro de Junta Asesora en Stanford Bank, que terminó muy mal.
Gracias a su agresiva publicidad, que abarca nuestra selección de fútbol, poco se recuerda que los abogados de Pacific evitaron que la Superintendencia de Sociedades declarara como grupo económico al extenso y entreverado conjunto de filiales que dependen de ella como matriz, logrando que no se configure solidaridad jurídica y así cualquier problema de una no afecte a las otras. Adicionalmente, existe un conflicto con Ecopetrol por el contrato del bloque Quifa Sur respecto a la participación de la empresa oficial cuando se presentan una sobreproducción y altos precios del crudo y que rodea cerca de los US$20 millones anuales, casi la mitad del sueldo que hasta el año pasado ganaban los cuatro directivos más altos de Pacific.
En columnas anteriores he comentado cómo en los últimos tres años Pacific ha captado recursos del público por casi US$2.000 millones mediante emisión de acciones, sin que la Superintendencia Financiera se pronuncie al respecto, a pesar de ser una práctica regulada y con un potencial efecto negativo sobre el precio de la acción al provocar aumento de oferta de las mismas en el mercado y sobre los accionistas minoritarios, entre los que están nuestros fondos de pensiones que, mediante su gremio, ya están pidiendo participar en la dirección de Pacific para estar más atentos de lo que allí está pasando.
Decisiones privadas como esta merecen más explicaciones que la meramente financiera, sobre la cual también podrían caber dudas, pues podría existir un riesgo reputacional que afecte el mercado público en su conjunto al permitirse captar recursos emitiendo acciones para después castigar su precio afectando patrimonialmente a los confiados inversionistas, mientras las autoridades no dicen nada.
Fuente El Espectador