A partir de este martes podría ser considerada la adicción a las drogas como una enfermedad de alto costo que requiere la atención por parte del Estado.
La Cámara de Representante en último debate abocará el estudio de un proyecto que establece que el consumo y adicción a sustancias psicoactivas requiere de atención integral.
Según la iniciativa, “toda persona con trastornos mentales o cualquier otra consecuencia derivada del consumo y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en forma integral por las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud e instituciones públicas o privadas especializadas para el tratamiento de dichos trastornos”.
Igual, se establece que las IPS deberán crear los Centros de Atención en Drogadicción (CAD) o Servicios de Farmacodependencia. “Este servicio se prestará a través de modalidades como los servicios amigables para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de carácter público o privado, los centros de atención comunitaria que cuenten con estos servicios debidamente habilitados, entre otras modalidades que formule la Política Pública Nacional de Prevención y Atención a la adicción de sustancias psicoactivas y la Política Pública Nacional de Salud Mental”, indica.
Sin embargo, cualquier atención como enfermedad se adelantará con el “consentimiento” de la persona a tratar.
“Para realizar el proceso de atención integral será necesario que el servicio de atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas o el servicio de farmacodependencia haya informado a la persona sobre el tipo de tratamiento ofrecido por la institución, incluyendo los riesgos y beneficios de este tipo de atención, las alternativas de otros tratamientos, la eficacia del tratamiento ofrecido, la duración del tratamiento, las restricciones establecidas durante el proceso de atención, los derechos del paciente y toda aquella información relevante para la persona, su familia o red de apoyo social o institucional. La persona podrá revocar en cualquier momento su consentimiento”, aclara el proyecto.
Finalmente, se indica que las Administradoras de Riesgos Profesionales, a través de los programas de salud ocupacional, implementarán el proyecto institucional preventivo del consumo, abuso y adicción a las sustancias en el ámbito laboral.
El Espectador