El Comité de Asuntos Legales, el Comité de Industria, Investigación y Energía y el Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior votaron en contra del acuerdo, cuya posible aplicación había generado protestas masivas en varios países europeos.

El polémico Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) promueve el establecimiento en las legislaciones nacionales de unas nuevas sanciones penales contra los proveedores y usuarios de Internet que no logren observar la legalidad de todos los contenidos que suban, guarden o descarguen. Tanto los internautas activos, como los políticos de distintos países temen que esta cláusula criminalice a la mayor parte de la sociedad.

El pasado 29 de mayo el Parlamento de Países Bajos también se había pronunciado en contra del ACTA, indicando que ningún tratado semejante debía ser firmado por el Gobierno del país.

El acuerdo tampoco encontró apoyo entre las autoridades de Alemania, Bulgaria, Polonia y República Checa. Miles de personas salieron a las calles de las ciudades europeas protestando contra la medida que, según ellos, violaría la libertad de expresión y de acceso libre a la información.

Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y varios países más firmaron el acuerdo, pero en ningún caso fue ratificado hasta ahora.