Minería armada
Por: Tatiana Acevedo
"La coca no da plata", sentenciaba una propaganda de la presidencia en los noventa. Poco después, Jaime Garzón se burló. "La coca no da plata, lo que da es oro", dijo, disfrazado con sombrero y dorada dentadura.
El tiempo le dio la razón. Grupos y estructuras delincuenciales antes dedicados al narcotráfico, diversifican hoy sus ganancias invirtiendo en el negocio del oro (o volviéndose de plano empresarios mineros). Según cálculos de Corantioquia, el 30% de los puntos mineros situados en el Bajo Cauca están siendo explotados por las Farc, ‘Los Rastrojos’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Paisas’ y el Ejército Popular Anticomunista. Entre todos mueven aproximadamente 600 retroexcavadoras, extorsionan mensualmente a los empresarios mineros legales y regulan la minería informal. Óscar Naranjo, director saliente de la Policía, afirmó esta semana que la minería ilegal “representa la amenaza más grande para la seguridad porque alrededor de ella se está generando una subcultura de violencia y de delincuencia”.
Varias son las razones que, en ciertas regiones, conducen a la consolidación de una minería armada. Algunos afirman que las normas para la explotación minera en Colombia son ambiguas. “Hemos llegado al punto de cerrar tres veces la misma mina”, dijo un oficial a la prensa. Otros señalan que esta situación está catalizada por los elevados precios del oro en los últimos años y los altos costos de producción de la cocaína. Esta puede ser una etapa de aprendizaje de grupos y bandas que en el pasado han demostrado gran capacidad de adaptación a nuevas actividades económicas. Como sea, no existe ninguna persecución contra la minería. Venga de donde venga, el oro no carga con ningún estigma. Los que sí lo sufren, en cambio, son los pequeños e informales mineros. Como con la coca, el modelo se repite: todo el peso de la ley recae más fácil en el inicio de la cadena.
Fuente El Espectador