Los carabineros atacaron a un grupo de estudiantes al término de la primera marcha convocada este año por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

Unos 50.000 estudiantes, según los organizadores y 25.000, según la Policía, se manifestaron hoy en el centro de Santiago, en demanda de una educación pública gratuita y de calidad.

Dicha demanda, que en 2011 movilizó durante ocho meses a los estudiantes chilenos, sigue siendo el objetivo principal del movimiento estudiantil, dijeron los dirigentes.

A la manifestación en Santiago, se suman varias otras programadas en ciudades como Valparaíso, Concepción, Temuco y Valdivia, entre otras.

En sus primeras dos horas, la manifestación fue pacífica y de carácter festivo y estuvo encabezada por los máximos dirigentes de la Confech, entre los cuales también figura la portavoz de la ACES, una organización de estudiantes secundarios.

"Somos más de 50.000", afirmó a los periodistas Gabriel Boric, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), mientras Camila Vallejo, vicepresidenta de la misma organización, señaló que "en las calles se demuestra que seguimos luchando y que somos muchos".

"Queremos que el 2011 no sea sólo un paréntesis, sino (también) la puesta en escena de los cimientos de un movimiento que se proyecte en el tiempo", sostuvo en tanto Noam Titelman, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc).

Un par de horas antes de la movilización, en declaraciones al canal estatal TVN, el presidente Sebastián Piñera confirmó que este jueves dará a conocer un proyecto de reforma tributaria cuyos recursos serán destinados a financiar mejoras del sistema educativo. "Les puedo adelantar muchas cosas, primero, el 100 % de los recursos adicionales que va a recaudar esta reforma tributaria se van a destinar a la educación", precisó Piñera.

No obstante, el presidente del partido de Izquierda, Salvador Muñoz, afirma que el gobierno no quiere dar una respuesta positiva a los jóvenes porque entiende que deberá hacer más concesiones.

“La gratuidad de la educación le costaría al Estado cerca de 4.000 millones de dólares” y “abriría también un cuestionamiento profundo de otras esferas como la salud y el transporte público”, explicó el experto y subrayó que el Gobierno no está dispuesto a que cuestionen su modelo que administraba durante 30 años.