La Corporación de Estudios Constitucionales Plural y la Misión de Observación Electoral, MOE, le solicitaron al Consejo de Estado, a la Procuraduría, la Contraloría y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia informar sobre las investigaciones que están llevando a congresistas, con el fin de determinar qué efectos tiene en ellas el proyecto de reforma a la justicia, aprobado en quinto debate en el Congreso de la República.
Como representantes de la llamada ‘Coalición Ciudadana por la Justicia’, las dos entidades advirtieron sobre la actuación en causa propia por parte del Legislativo, aunque en la actualidad no exista un impedimento legal ya que una reforma aprobada recientemente obliga a senadores y representantes a la Cámara a votar toda reforma constitucional, sea cual sea, sin que existan conflictos de intereses.
Para Plural y la MOE, teniendo en cuenta que la reforma a la justicia avanza sin mayores reparos en el Congreso, se hace importante analizar los efectos que tendría sobre los parlamentarios que en la actualidad tienen algún proceso por pérdida de investidura en el Consejo de Estado, procesos disciplinarios en la Procuraduría, procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría y procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia.
Lo claro es que varios de los puntos aprobados hasta ahora modifican sustancialmente las investigaciones y sanciones de congresistas en todos los casos. “Las cartas dirigidas a los presidentes de las corporaciones y entidades solicitan dar la información pública de quiénes están siendo investigados, fechas de los hechos, causales por la que es investigado, fecha de inicio del proceso y estado actual del proceso”, explicó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.
En su concepto, “es necesario hacerle seguimiento a la disposición que modifica los momentos en que se puede realizar la captura de los congresistas, ya que como lo trae la propuesta estaríamos constitucionalizando la frase de voten mientras se los llevan presos”. Adicionalmente, para la MOE, con esta propuesta se facilita que congresistas investigados evadan la justicia, como lo han intentado en anteriores oportunidades.
Por su parte, el director de Plural, Armando Novoa, señaló que lo grave es que hoy en día los legisladores no tienen que manifestar sus conflictos de interés a la hora de debatir cambios a la Constitución: “En este debate, los que tienen alguna investigación en las entidades a las que enviamos las cartas, están legislando en causa propia, pues pretenden modificar sanciones y procesos que los favorecerían o perjudicarían directamente sin que sepamos públicamente quiénes son”.
La Coalición Ciudadana por la Justicia es una plataforma de organizaciones que buscan plantear un debate a fondo sobre la reforma a la justicia. Precisamente, ante todos los reparos que han visto a la iniciativa, hace algunas semanas le pidieron al gobierno del presidente Santos considerar la posibilidad de retirar el acto legislativo, ya que en su esencia no servía para consolidar una justicia pronta y eficaz, ni para descongestionar los despachos.
De la coalición hacen parte, además de Plural y la MOE, entidades como la Corporación Viva la Ciudadanía, la Comisión Colombiana de Juristas, Transparencia por Colombia, Acción Ciudadana, la Red de Veedurías Ciudadanas, Fundescol, Fescol, el Cinep, la Confederación de Trabajadores de Colombia y exconstituyentes como María Teresa Garcés, Jesús Pérez González, entre otros.