A diferencia del resto de los países del Cono Sur, no ha habido condenas penales en Brasil, ya que la Ley de Amnistía de 1979, cuya legitimidad fue ratificada recientemente por la Corte Suprema de ese país, protege a los represores y genocidas de ser castigados con cárcel o ser llevados a juicio. Más allá de la decisión de los Supremos, en varias ciudades del país familiares de víctimas y organismos de derechos humanos han presentado acciones civiles.

A fines de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió declarar a la Ley de Amnistía sin efectos jurídicos y ordenó a Brasil que determine las responsabilidades penales correspondientes y aplique sanciones por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia.

La denuncia elevada por los fiscales enciende la polémica en Brasil, que aprobó recientemente la creación de una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer los delitos de la dictadura, una iniciativa del gobierno que, sin embargo, no conlleva acciones penales, pero que recientemente provocó la reacción de las fuerzas armadas en Brasil. La presidenta Dilma Rousseff, ex presa política que sufrió tortura y cárcel durante la dictadura, sancionó en noviembre la creación de la Comisión de la Verdad. A pesar de su formación, sus miembros aún no han sido nombrados.

Los responsables de los clubes de las fuerzas armadas brasileñas, que representan a los militares en retiro, publicaron en febrero una carta con duras críticas al gobierno y a la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, que dijo que en el futuro los militares podrían ser llevados ante la Justicia para responder por crímenes cometidos durante la dictadura.

Las dictaduras del Cono Sur latinoamericano comenzaron en Paraguay (1954-89) y siguieron en Brasil (1964-85), Uruguay (1973-85), Chile (1973-90) y Argentina (1966-73 y 1976-83), y se coordinaron en el denominado Plan Condor de persecución de opositores.

Fuente: Desde Abajo