SEMANA investigó cómo es que un selecto grupo de exfuncionarios del Estado consiguió pensiones de hasta 30 millones de pesos. Un hueco al erario que no hay cómo tapar.
Jesús Antonio García y Leonor Serrano, figuran entre quienes reciben las pensiones más altas del país.
Uno de los factores que más profundizan la desigualdad son las monumentales pensiones que reciben algunos exfuncionarios del Estado. En Colombia sólo un poco más de mil jubilados reciben más de 25 salarios mínimos, mientras el 75 por ciento de la población en edad de trabajar ni siquiera está en el sistema pensional.
Eso quiere decir que una minoría privilegiada tiene asegurada una gran mesada y, en contraste, una gran parte de la población está en la informalidad y probablemente sufrirá penurias en su vejez.
Las dos terceras partes de los pensionados que todos los meses reciben millonarias mesadas están en el Fondo de Previsión del Congreso (Fonprecon). Aunque los funcionarios de las Fuerzas Militares, el magisterio, la rama judicial y Ecopetrol también gozan de un régimen especial.
A pesar de que la ley eliminó algunas gabelas, hay cerca de 200 personas que reciben más de 25 millones de pesos (más de 40 salarios mínimos) por concepto de pensión. Según las cuentas del actual Secretario de Hacienda del distrito, Ricardo Bonilla, quien acaba de publicar la investigación "Pensiones: El costo de las demandas", esas estrambóticas mesadas son las que deslegitiman el sistema. Lo preocupante es que la hemorragia no para y varias de esas pensiones son heredadas por "sustitutos", lo cual sigue generando cargas administrativas al erario.
En muchos casos la sorprendente liquidación de estas pensiones se debe a errores, interpretaciones de las leyes a favor de los jubilados y ‘viveza’. Al final, a punta de fallos, el erario sufre un desangre silencioso. Sólo el año pasado por concepto de retroactividad en el pago de las pensiones, Fonprecón tuvo que pagar 12.000 millones de pesos. Aunque la Corte Constitucional está revisando el artículo que reglamentó el tope de las pensiones de los congresistas y magistrados, es improbable que los casos que ya son “cosa juzgada” sean revisados.
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