05-03-2012
, 20:24:03
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#2 |
| Denunciante Constante
 |  Respuesta: Lo que NO se cuenta sobre el gobierno Santos
Juan Ricardo Ortega- Director DIAN Como lo conto La Silla Vacía, Ortega ha logrado con mayor fiscalización y cerrando huecos de evasión que en el año y medio que lleva a cargo de la Dirección de Impuestos el recaudo creciera más del veinte por ciento y en unos dos puntos del PIB. Pero además, ha tomado medidas que tienen a algunos empresarios con los pelos de punta como: - Cierre de comercializadoras internacionales: Ortega ha cerrado más de 1500 de estas empresas creadas para exportar bienes sin necesidad de pagar el IVA. De esta manera, mientras las empresas grandes le hacían un bypass al engorroso procedimiento de devolver este impuesto, las chiquitas sí tenían que hacerlo. Pero sobre todo, varias de estas comercializadoras internacionales terminaron sirviendo para lavar activos. Muchas fueron creadas en Cúcuta para apoderarse fraudulentamente de las divisas del Cadivi de Venezuela.
- El cambio de formulario: Ortega creó un formulario de pago de impuestos que obliga a detallar los ingresos y gastos de tal forma que cierra esquemas de elusión. Esquemas como, por ejemplo, registrar como prima por colocación de acciones, que son ingresos no constitutivos de renta, rubros que se deberían registrar como capital. O en el sector minero, por ejemplo, llevar al gasto el arreglo de un camión, que puede valer varias decenas de millones de dólares, en cambio de depreciarlo. O llevar los intereses al gasto, con lo cual las sociedades pagan menos impuestos cuando por ejemplo registran 20 millones de patrimonio pero obtienen un crédito por 3500 millones de dólares. Los gremios se han quejado que este formulario es tan largo y tan difícil de llenar que es muy ineficiente. Pero lo que no dicen es que así es más difícil decirle mentiras al fisco.
Luis Guillermo Vélez - Superintendente de Sociedades
Desde que asumió su cargo, Vélez (ex blogger de La Silla Vacía) ha tomado varias decisiones que apuntan a modernizar el sector empresarial y a regirse por estándares modernos de gobierno corporativo definidos por la OCDE como: - Grupos empresariales: una nueva decisión de la Superintendencia obliga a las empresas a revelar los vínculos que tienen con otras empresas que dependen de la misma matriz. Esto le permite, por ejemplo, a un acreedor saber si otra empresa del mismo grupo está muy endeudada antes de prestarle plata a otra compañía. La Supersociedades recientemente le impuso una multa a la minera Glencore de 500 millones de pesos porque no reportó que cuatro sociedades de minas en el César (CI Prodeco S.A., Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido, Carbones del Tesoro y la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo) estaban todas bajo el control de CI Dalima Holding SAS. Ya antes había sancionado a Pacific Rubiales con una multa de 100 millones de pesos por la misma razón. Como lo mostró La Silla, la mayoría de las mineras de oro están agrupadas en cinco grandes grupos empresariales. Pero no reportar estas empresas como parte del mismo grupo empresarial les da unos beneficios en términos de las licencias ambientales pues entre más grande es la empresa, mayor es el estándar ambiental que debe cumplir. Y también tiene un impacto en el monto de las regalías a pagar.
- Las matrices en los paraísos fiscales: una ley que está impulsando Vélez con el director de la Dian y el senador conservador Juan Mario Laserna obligaría a las empresas extranjeras que tengan sucursal en Colombia a informar quiénes son sus beneficiarios reales –es decir, quiénes son las personas naturales que, en última instancia, son sus propietarios. Esta norma evitaría la elusión de impuestos como el del patrimonio o el de renta por parte de empresarios colombianos que han creado compañías en paraísos fiscales y que no incluyen entre sus ingresos las utilidades que reciben a través de estas compañías ‘extranjeras’. Aunque esta ley sigue muchos de los parámetros de la Ley Fatca de Estados Unidos, es muy improbable que pase en Colombia dado el poderoso lobby que intentará bloquearla.
- Responsabilidad de los administradores: la Superintencia ha comenzado a aplicar de manera más estricta la ley 222 de 1995, que hace a los administradores de una empresa y a los miembros de las juntas directivas responsables sobre las decisiones de la compañía. Esto es particularmente relevante cuando hay insolvencias fraudulentas.
Fuente
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