Lo bueno de estas noticias, los comentarios y las actualizaciones es que se aprende. La historia de primera mano -hasta las precisiones hechas en El Espectador- es que las monedas habían sido acuñadas en el Perú, que el barco hizo escala en Montevideo y que luego emprendió viaje a España.

Ahora se sabe que el 76% de la carga pertenecía a 130 comerciantes, que la mayoría de las monedas fueron acuñadas en el Perú, que una pequeña parte se acuñó en Santa Fe y Popayán, que uno de los damnificados del naufragio que vivía en la Nueva Granada era el Conde de Premio Real, y que su parte corresponde a:

“500 pesos en plata doble de cordoncillo, un baulito de filigrana con seis marcos de plata y algunas piedrecitas de oro con 22 castellanos, así como 387,3 pesos de cordoncillo doble”

Igualmente que al parecer hay 16 familias colombianas descendientes de los que tenían intereses en el cargamento y que se solicitaba la intervención del gobierno colombiano para que le devolvieran al país las monedas acuñadas en Popayán y Bogotá.

Es decir, que los reclamantes colombianos descienden de los particulares que se robaron el oro en la Nueva Granada y mandaban su fortuna a España y por eso alegaban derechos y que de haberse autorizado la devolución se limitaba a las pocas monedas acuñadas en tierras granadinas.

Derechos había, es cierto, aunque muy pocos y de haberse fallado a favor de los reclamantes habrían ingresado a su patrimonio y no al de Colombia, pese a su ropaje nacionalista. Por consiguiente, la mayor parte del cargamento, si se hubieran atendido las reclamaciones, debería haberle correspondido a los descendientes de los originales ladrones que vivían y expoliaban en el Virreinato del Perú.

Pero se quedaron con los crespos hechos. El Estado español que apenas era propietario del 24% de la carga se quedó con todo. Como dice el dicho, ladrón que roba a ladrón...