Por Juan Diego Restrepo E. *
Si hay en el país un trámite que esté rodeado de corrupción y de pérdida de tiempo es la expedición de este documento. Su eliminación podría ser el paso previo a la supresión definitiva del servicio militar obligatorio.
“La tarea de gobernar exige consideración y respeto por el tiempo de los colombianos y uno de nuestros deberes como Estado es hacerles la vida más fácil a los ciudadanos, entendiendo que su tiempo vale oro”, dijo el presidente Juan Manuel Santos tras la firma de un decreto-ley que elimina o simplifica decenas de trámites engorrosos ante instancias públicas y privadas.
Dentro de los trámites que fueron incluidos en las nuevas normas están aquellos que deben seguir los jóvenes bachilleres, considerados no aptos para la prestación del servicio militar obligatorio, para obtener su tarjeta de reservista de segunda clase, un documento del cual depende su inserción a la vida laboral. Lo que se ha comunicado al respecto es que se habilitarán herramientas electrónicas para hacer consultas, inscripción, pago y expedir certificados, las cuales deberán quedar listas a finales del año 2013.
Sin embargo, esa simplificación, que se presume eficiente y respetuosa con el ciudadano, no es suficiente para evitar el cúmulo de documentos que se requieren para su expedición ni para reparar la corrupción castrense que, históricamente, ha beneficiado, económica y políticamente, a decenas de oficiales y suboficiales de las unidades de reclutamiento y a varios tramitadores civiles, a través de los cuales se ha constituido el mayor fenómeno de corrupción socialmente aceptado en el país: “comprar la libreta militar”, es decir, obtener la tarjeta de reservista de segunda clase a través de diversos mecanismos fraudulentos, no sólo para aligerar el trámite de quienes no son aptos, sino para favorecer a aquellos que, siendo aptos, “pagan” para no serlo.
La expedición de la libreta militar para aquellos que quedan exentos por ley es de tal complejidad que en esa relación costo-beneficio resulta menos oneroso “pagar” varios miles de pesos (o un par de millones) u ofrecerle un favor político o un costoso regalo a algún oficial que hacer todos los trámites exigidos por las normas y, además, por los ánimos y caprichos de oficiales y suboficiales de turno. Seamos claros: ese proceso está hecho para beneficiar a los corruptos.
Padres de familia e hijos saben que con plata ese trámite se agiliza. Para los más pudientes, el asunto es fácil, pues tienen conexiones de alto nivel que les facilitan el asunto; para otros, que carecen de contactos, esa penosa época de cumplir 18 años de edad, terminar los estudios de secundaria y no tener posibilidades de acceder a educación superior, los obliga a un duro peregrinar para conseguir la plata que les abra la puerta de un tramitador, civil o militar, y les ayude a resolver la situación; o a buscar a alguien que conozca a un político para ver si le hace una llamada a un militar conocido de alto o mediano rango y, con esa risa empalagosa de “viejos amigos”, le resuelvan la situación, eso sí, previa cancelación de algún dinero para el hombre de armas, “mire que se ahorró tiempo”.
¿Y saben también que evita? Que a su hijo lo atropellen y lo insulten en las jornadas de reclutamiento, comunes por esta época del año en el país. Un joven cronista, que participó de una de ellas, describió así el ambiente: “¡Nos tratan como ratas! Hoy, aquí, soy nadie, absolutamente nadie. Soy otro caredormido que no sabe para dónde caminar ni a dónde mirar. En todos lados hay caras muertas, expresiones aterrorizadas, rostros perdidos, sin ninguna dicha. ‘¡Gonorrea, hablá como un hombre!’, le gritó un soldado a un pobre muchacho que no sabia qué estaba diciendo, ni a quién se lo estaba diciendo”.
¿Cuánto les ha constado a las familias colombianas, sobre todo de la sufrida clase media, salvar a sus hijos del servicio militar obligatorio en los últimos años a través de redes de corrupción constituidas por civiles y militares? No creo que exista una metodología que logre precisar con algún grado de certeza ese valor, pero si uno comienza a sumar a partir de historias de familias y amigos, el monto se va haciendo considerable.
La propuesta entonces es que elimine, de una vez por todas, la tarjeta de reservista de segunda clase para aquellos que queden exentos del servicio militar obligatorio y las empresas no la exijan como requisito indispensable para emplear a los jóvenes en esta situación. Bastaría demostrar la condición de exento y ya. Se trata, como dice el presidente Santos, de “confiar en la gente, en su buena fe”.
¿Y qué hacer con aquellos que, siendo aptos, no deseen prestar el servicio militar obligatorio? De un lado, fortalecer los mecanismos de objeción de conciencia reconocidos a través de la sentencia C-728/09 de la Corte Constitucional; y, de otro, reclamarle al Congreso una actitud más proactiva para ampliar los alcances de la decisión y ofrecer alternativas sociales, educativas y comunitarias, blindadas a la corrupción.
El propósito es quitarle esa renta ilegal a algunos militares y civiles, quienes han esquilmado a través de redes ilegales a miles de ciudadanos ayudándolos a sortear los vericuetos de esa compleja trama burocrática; además, se lograría que cientos de jóvenes ingresen más rápido al sector productivo de manera legal y sin explotaciones laborales por carecer de ese documento; y se darían los pasos pertinentes para eliminar el servicio militar obligatorio.
*Periodista y docente universitario
Fuente: Semana.com