Denunciante Ultra
 |  Confesiones guerrilleras
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 | Confesiones guerrilleras A través de las versiones libres, el país empieza a conocer detalles de la barbarie promovida por los grupos subversivos. La información revelada por los paramilitares en las audiencias de Justicia y Paz ha sido más que ventilada por movimientos de víctimas, organizaciones no gubernamentales y los propios victimarios. Las confesiones de la guerrilla, sin embargo, no han sido objeto del mismo escrutinio. Es verdad que, en proporción, los ‘paras’ quintuplican en número de postulados a los subversivos. Pero de la crueldad y el arrepentimiento de los guerrilleros, contados de su boca, también el país ha pedido saber.
De acuerdo con datos de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, hasta la fecha 503 desmovilizados hacen parte de su programa, de los cuales 393 (es decir, el 78%) ya han empezado a rendir versiones libres. Los exinsurgentes han hablado principalmente de masacres, aceptando su responsabilidad en crímenes como el ocurrido en Caparrapí (Cundinamarca), donde miembros del frente 22 ejecutaron en la vereda Mata de Plátano el 13 de marzo de 1999 a nueve personas, la mayoría comerciantes y agricultores.
Desmovilizados de ese mismo frente han admitido su participación en la masacre de Bejucales. El 31 de octubre de 1985, nueve hombres y una mujer fueron asesinados en esa vereda de Yacopí (Cundinamarca), “porque se dirigían a una cita que les había puesto un comandante de la base militar del Ejército en la zona”. Los maniataron y los mataron a machetazos. En julio de 2001, el frente 42 llegó a Subia Alta, vereda de Silvania (Cundinamarca), con lista en mano llamaron a sus víctimas una a una, y las asesinaron.
Además de las masacres, Justicia y Paz ha sido el escenario para describir la violencia con que los grupos guerrilleros arrinconaron al país durante más de dos décadas. Como un recordatorio de su reinado de horror, exguerrilleros han hablado de tomas a municipios como Uribe (Meta) en 1998, Mitú (Vaupés) en 1998, y Cabrera y Gutiérrez (Cundinamarca) en 1997 y 1999, respectivamente. Asimismo, de emboscadas a bases militares como la de la Cuarta Brigada, que opera en Medellín, en 1998. Atentados contra almacenes, propiedades estatales, infraestructura y pescas milagrosas engruesan la lista de crímenes confesados.
Entre los homicidios confesados figuran el de la esposa de un cabo, de una trabajadora sexual y de dos vendedores ambulantes que señalaron como informantes del Gobierno. Uno de los crímenes de los que más se ha obtenido información es el del sacerdote de Cáchira (Norte de Santander), Pedro León Camacho. Tres desmovilizados conocidos como Clara, Nixon y Macario contaron detalladamente cómo el Epl declaró al religioso su enemigo por pedirles a los campesinos en sus misas que no apoyaran a la guerrilla.
El párroco, de 66 años, fue interceptado en la vía a Bucaramanga, después de negarse en varias oportunidades a reunirse con los subversivos. Contra el cura la orden era “darle muerte”. Y eso le dieron el 18 de mayo de 1999. Lo bajaron del carro en el que lo transportaban. Él intentó salir corriendo, asustado como estaba. Le dispararon por la espalda, luego en el pecho y, finalmente, un tiro de gracia. Con trece disparos segaron su vida.
Un desmovilizado de las Farc, conocido como Beltrán, pormenorizó ante un fiscal de Justicia y Paz en Bogotá cómo el frente 19 de ese grupo guerrillero reclutó, asesinó, desapareció, accedió carnalmente o destruyó bienes, incluidos bienes de culto, de miembros de las etnias kogui, kankuama, arhuaca y wiwa. A los indígenas intentaron forzarlos a profesar el marxismo-leninismo y a vivir de acuerdo con los comportamientos sociales de las Farc. A sus mamos y chamanes los obligaban a convivir juntos y el que se negara a “seguirle el juego a la guerrilla” era ejecutado.
Beltrán trajo a colación el caso de la bacterióloga Rina Bolaño Mendoza (foto), quien fue procesada como guerrillera luego de haber sido plagiada y abusada sexualmente en 2003. Su caso fue archivado en 2004 y Beltrán reiteró que este fue un “secuestro extorsivo”. Además de los secuestros, masacres y homicidios, varios postulados han hablado de delitos como desplazamientos y reclutamientos, admitiendo casos tan aberrantes como el reclutamiento de un pequeño de 6 años de edad, que era conocido con el alias de José Manuel.
La Unidad de Justicia y Paz aún tiene muchas verdades por reconstruir en cuanto a la barbarie desatada por las organizaciones guerrilleras. Uno de los casos, de tanta resonancia en estos días, es la desmovilización del frente de las Farc Cacica La Gaitana, el cual, ha argumentado la Fiscalía al pedir la exclusión de postulados como Olivo Saldaña, ocurrió de manera engañosa. Por este escándalo se imputarán cargos el próximo 20 de enero al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, a algunos militares, a varios exguerrilleros y a un narcotraficante.
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