Minería descontrolada
La locomotora de la minería y la energía traerá al país, hasta el 2020, $ 86,9 billones en regalías, según el Ministerio de Hacienda. Se destinará una parte para financiar el Fondo de Ciencia y Tecnología creado en la reforma constitucional aprobada este año.
El Ministerio de Minas decidió suspender los términos para la recepción y entrega de solicitudes de licencias hasta febrero del 2012, con el fin de hacer una revisión detallada. El jefe de esa cartera, Mauricio Cárdenas Santamaría, asumió la vocería en el tema, prioritario para el Gobierno. UN Periódico intentó contactar al director de Ingeominas, Óscar Paredes Zapata, pero sus asesores aseguraron que solo el Ministro habla del asunto.
Así se confirmó cuando una funcionaria que atiende la Línea de Atención al Minero de Ingeominas contestó: “Hoy solo se otorgan las autorizaciones temporales para materiales de arrastre y de ayudas y obras públicas gubernamentales. La suspensión se aplicó porque hay solicitudes que llevan represadas hasta 10 años. Hay 14.500 solicitudes. En promedio son pocos meses los que demora la entrega de un título, pero será la nueva Agencia Nacional de Minas la que se encargará del tema”.
Hoy por hoy, nadie sabe a ciencia cierta cuántas licencias se otorgaron y están vigentes. La Contraloría General de la República acaba de publicar su documento Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente, donde concluye que la actividad minera aumentó 1.089% entre el 2000 y el 2011, y revela que las cifras no cuadran, porque mientras en el 2000 se otorgaron 105 títulos y en el 2010, 1.144, el balance global debería ser de 10.811, y no de 9.230, como señalan los datos oficiales.
Caos y anarquía
El director del Observatorio de Energía del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la UN, Germán Corredor, afirmó que en la actualidad el tema minero es un caos.
Las autoridades no tienen el presupuesto ni el personal para hacer control de la minería legal, mucho menos sobre la ilegal. Señaló que la entrega de licencias, a pesar de que los requisitos están contenidos en el artículo 271 del Código de Minas, se hace de una manera expedita; incluso, la sola petición da el derecho a contar con el título.
“En la minería existe el principio ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’. Quien haga una solicitud tiene el derecho a tener esa licencia. Los requisitos son mínimos, sobre todo para la primera etapa de exploración. Luego, para la etapa de explotación exigen un programa de inversiones, que es algo menor”, manifiesta Corredor.
Afirma que el país cometió un error garrafal al acabar con entidades técnicas como Mineralco y luego Minercol (que se encargaban del control, vigilancia y entrega de títulos), y pasarle estas funciones a Ingeominas, que era una entidad con vocación investigativa.
“La Agencia Nacional de Minas es la nueva entidad que, en el papel, debe cumplir con la misión. Para ello requiere de recursos financieros y humanos, si no, simplemente estamos haciendo un saludo a la bandera”, advierte, y nos enfrentaremos a una destrucción masiva de nuestros ecosistemas, un patrimonio de todos los colombianos.
El engorroso acceso a recursos genéticos
Presentación y admisión del proyecto para lograr un contrato de acceso a recursos genéticos (ARG).
Registro y publicación.
Certificado de Mininterior sobre no presencia de comunidades étnicas.
Si existen las comunidades en el área, debe adelantarse un acercamiento con las comunidades. Costos a cargo del investigador. Anuncio al Ministerio del Interior.
Con la convocatoria abierta, el grupo adelanta el proceso de consulta previa y corre con todos los gastos logísticos. Cada etnia requiere de consulta individual.
Aprobación de la solicitud por parte de abogados y no pares científicos de Minambiente, según su lectura de la Decisión Andina 391 sobre acceso (cuatro años después de presentada la propuesta).
Negociación y resolución de adjudicación del contrato.
¿Ignorancia de Minambiente?
La UN vive dos historias de trabas impuestas a la ciencia:
Luego de ocho años de trámites y 300 cartas cruzadas, el Instituto de Biotecnología fue sancionado con $ 14 millones por acceder a recursos genéticos en una investigación con levana (proteína). La decisión está en apelación, pero el Consejo de Estado acaba de ordenarle a la Universidad suspender cualquier investigación al respecto. Cualquier otro país puede patentar la proteína.
La UN le preguntó al Ministerio de Medio Ambiente si un proyecto del Instituto de Genética sobre la tenia requería de un permiso de investigación, y los funcionarios, que no son pares, contestaron por carta que sí, “porque este parásito es endémico en Colombia”. El desconocimiento abisma, porque decir que algo es endémico es que es único de ese país. “Les dijimos que no podíamos creer que solo la población colombiana es la única en el mundo que tenga tenia o solitaria. En una segunda carta pidieron excusas”, cuenta Andrade.