Pelaron el cobre Nos duele cada víctima del conflicto armado en Colombia, pero nos duele más que existan organismos internacionales de derechos humanos y verdaderos "carteles de abogados" que estén usando nuestra tragedia para desprestigiar al Gobierno, defraudar al Estado y engañar a los verdaderos afectados por la violencia.
No de otra manera podría entenderse que ahora, 14 años después, sepamos que las víctimas de la masacre de Mapiripán, Meta, en julio de 1997, no fueron 49 sino 6, y que la Nación haya sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por tales hechos y obligada a pagar millonarias indemnizaciones a algunos de los familiares que mintieron para cobrarlas.
Pese a que los hechos sucedieron antes de la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, este caso de Mapiripán es un verdadero golpe a la credibilidad de la justicia, un boquete que se abre a la verdad y a la reparación, pero sobre todo un campanazo de alerta para el Gobierno, que no ha logrado diseñar una verdadera estrategia de defensa ante los organismos internacionales, que nos siguen condenando hasta por sospecha. No pocas veces con la ayuda de ONG y bufetes de abogados que, más que defender a las víctimas, lo que buscan es cobrar los servicios prestados.
Coincidimos con muchos analistas y altos funcionarios del Gobierno en que una sola muerte es grave, y si son varias, mucho más grave, pero también en la necesidad de que quienes están detrás de este nuevo robo al Estado respondan ante los organismos competentes. Es por el bien de las verdaderas víctimas del conflicto y por la legitimidad del sistema de administración de Justicia.
No deja de ser preocupante que 14 años después de los execrables hechos cometidos por grupos paramilitares en Mapiripán, sea por la confesión de uno de los familiares que fue indemnizado que sepamos de semejante engaño al Estado. Un engaño montado sobre la declaración del asesinado jefe de las Auc, Carlos Castaño.
No basta el anuncio de la Fiscalía y la Procuraduría de pedir que se investigue a quienes llevaron los procesos, sino resultados de otros hechos en los que ya se advierten irregularidades.
En este caso, como en muchos otros, la orfandad del Estado en materia de una eficaz y rápida defensa jurídica ha sido total, mientras la prontitud de los tribunales internacionales y la sagacidad de algunas ONG y colectivos de abogados están al orden del día. Es hora de que la Cancillería y el Ministerio de Justicia conformen un equipo de juristas capaces para defender nuestra institucionalidad y los recursos del erario.
No es un secreto la poca neutralidad que en muchos casos ha mostrado hacia Colombia la CIDH y, menos, la animadversión de algunas ONG internacionales y grupos de abogados colombianos contra el Gobierno, en especial contra el del exPresidente Álvaro Uribe, por la firmeza en derrotar el terrorismo y la violencia.
Sólo que ahora, por esas cosas de la vida y por la ley de la compensación, a algunos se les cayó la estantería. Como se dice coloquialmente, pelaron el cobre. Con unos costos muy altos.