Denunciante Ultra
 |  Estado pagó reparación por falsos muertos en Mapiripán
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 | Estado pagó reparación por falsos muertos en Mapiripán
Mujer que recibió $1.700 millones admite que no fue víctima. Fiscalía analiza otros casos similares.
Mariela Contreras fue uno de los supuestos sobrevivientes de la masacre de Mapiripán que recibieron millonarias indemnizaciones por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese tribunal condenó al Estado colombiano por la muerte de su esposo y la desaparición forzada de dos de sus hijos en esa incursión paramilitar de 1997.
Seis años después de ese fallo, compareció ante el Tribunal Superior de Bogotá para confesar que ella ni siquiera vivía en Mapiripán y que ni su marido ni sus hijos fueron víctimas en esa matanza, que marcó la irrupción de los 'paras' de Carlos Castaño en los Llanos Orientales.
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía asegura que, como este, ha documentado al menos tres casos más en los que el Estado colombiano fue condenado y pagó reparación por muertes que en realidad nunca ocurrieron. Hay siete más en investigación.
El capítulo forma parte de la otra verdad sobre Mapiripán, que, como lo reveló EL TIEMPO, dista mucho de la versión que opinión pública y tribunales nacionales e internacionales han manejado sobre ese crimen cometido por las autodefensas.
Contreras se presentó al tribunal con uno de sus hijos, Hugo, uno de los supuestos desaparecidos. Allí aseguró que su compañero, Gustavo Caicedo, no murió en los hechos de Mapiripán. Fue asesinado por guerrilleros antes de la toma de julio de 1997.
Hugo, a quien ella creía desaparecido, volvió en el 2008 y aseguró que todo ese tiempo estuvo en la guerrilla. Y Diego Fernando, el otro supuesto desaparecido, sacó su cédula de ciudadanía en el 2001, cuatro años después de la matanza. La sentencia de la CIDH condenó a Colombia a pagarles a Mariela y a su familia 1.751 millones de pesos.
"Cometí errores y si lo hice fue por necesidad -dijo-. Me dieron un dinero, hice negocios y como uno es del campo, uno no sabe hacer nada, entonces esa plata se perdió. También me quitaron por un lado y por el otro; lo único que tengo es una casa y un carro que me robaron hace poco".
Anoche, la magistrada Teresa Ruiz ordenó investigar a Mariela, a sus hijos y a las otras falsas víctimas. También a las ONG que supuestamente participaron en el montaje.
Según la testigo, una mujer la convenció de que se hiciera pasar como víctima de Mapiripán, a pesar de que ella y su familia vivían en Juan Rey, corregimiento ubicado a siete horas del pueblo.
Contreras aseguró que cuando Hugo se apareció en el 2008 fue hasta el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -que representó a las víctimas en esa demanda- a reportar el hecho, y que supuestamente le dijeron que "dejara todo como estaba".
Copia de la declaración será enviada a la Cancillería, para que, a su vez, se le dé informe al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. "Esta es una voz de alerta para la Corte Interamericana", dijo la magistrada.
Además del caso de los Contreras, la Fiscalía investiga la supuesta desaparición de José Alberto Pinzón López, por la que el Estado pagó 1.258 millones de pesos. La cédula de la víctima fue dada de baja por defunción en 1989, ocho años antes de la masacre.
Abogados evalúan respuesta al caso
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se abstuvo de responder oficialmente a los graves señalamientos de la audiencia sobre la masacre de Mapiripán.
El Colectivo representó a las víctimas de Mapiripán y lleva también otros casos en los que el Estado colombiano está señalado por graves violaciones de los derechos humanos.
El abogado Eduardo Carreño, que estuvo al frente del caso, le dijo a EL TIEMPO que nunca conoció de la aparición, con vida, de las víctimas por las que la Corte Interamericana ordenó reparación.
"La versión de la testigo también la dio a la Fiscalía. Si mintió, debe responder", afirmó.
Corte Interamericana reconoció 49 víctimas
La Fiscalía, en su investigación, no ha confirmado más de 13 víctimas entre muertos y secuestrados. Sin embargo, la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió hace 6 años dice que el daño causado por la masacre de Mapiripán no solo lo produjo la muerte de "aproximadamente 49 personas, el terror que causaron los paramilitares en la zona provocó un desplazamiento masivo que tampoco fue atendido por las autoridades".
Respecto a las víctimas, el tribunal internacional afirmó que consideraba como 'parte lesionada' a los familiares de las aproximadamente 49 personas muertas" y como reparación le impuso al Estado colombiano reconocer una indemnización entre 5 mil y 480 mil dólares a 26 de ellos.
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