Al parecer, el exsecretario de Presidencia intentó persuadir a uno de lo implicados para que no lo involucrara en los seguimientos ilegales. 
En prisión podría ser recluido el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno, si es que la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Marleny Orjuela acepta la petición de las víctimas de las ‘chuzadas’ de ordenar su detención preventiva.
Según testimonios acopiados por la Fiscalía y presentados como argumentos por la parte civil, el ex jefe de Contrainteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Alberto Lagos, se vio obligado a retirarle el poder a su primer abogado Rafael Martínez, porque el exfuncionario del Ejecutivo buscaba convencerlo de que no lo incriminara a través de sus versiones.
Supuestamente, Moreno habló con el jurista para que tratara de conminar a su defendido a indicarle a la Fiscalía que nada tenía él que ver en el asunto de las interceptaciones y segumientos ilegales a líderes opositores, magistrados y defensores de derechos humanos, pero que si no lo hacía que fuera él quien se lo manifestara expresamente al ente de control penal y así evitarse líos judiciales.
Defensores de las víctimas, encabezados por Luis Guillermo Pérez, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al percatarse de estas denuncias, consideraron que era una prueba más que suficiente de la obstrucción al esclarecimiento del proceso que estaba causando Bernardo Moreno en el caso.
De ahí, concluyen los representantes de víctimas, que sea necesario revocar la libertad condicional que le fue concedida al imputado y la urgencia de ordenar su detención y reclusión en un establecimiento carcelario.
Aunque la fiscal Viviane Morales buscaba que se le privara de la libertad en la audiencia de imputación de cargos derivada de su presunta responsabilidad en las ‘chuzadas’ del DAS, consideró que los argumentos del magistrado de control de garantías para dennegarla se ajustaban a un razonamiento jurídico más propio del caso y no insistió en su propósito inicial de enviarlo a la cárcel.
El exsecretario Moreno deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia, como presunto responsable de los delitos de interceptación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, falsedad en documento público y concierto para delinquir agravado.