Bogotá D.C., jul. 08 de 2011 - Agencia de Noticias UN
La salud ha cobrado más importancia en las políticas que rigen a la Nación, siendo reconocida como un derecho fundamental. Sin embargo, esto no ha sido suficiente.
Desde la década del 90 se ha presentado tensión entre la manera en que la Constitución Política del 1991 interpretó la salud y cómo orientó la configuración de una política de Estado en el tema y la garantía concreta de este derecho humano.
Y aunque la Constitución ha defendido durante 20 años este derecho de manera más integral asumiéndolo, a su vez, como un derecho a la integridad, a la dignidad y la misma calidad de vida, solo hasta el 2008, por medio de la sentencia T-760, la Corte Constitucional estableció explícitamente la salud como un derecho humano.
Aún así, el país todavía está muy lejos de garantizar la salud a toda la población, vulnerando el mencionado derecho a la vida el cual, según explicó el ex magistrado Manuel José Cepeda a la Agencia de Noticias, “abarca tres obligaciones; uno proteger el derecho a la salud, su goce efectivo y que los recursos lleguen al destinatario, lo que se ve seriamente afectado con la problemática actual”.
Por su parte, el experto en salud pública de la Universidad Nacional Mario Hernández afirmó que esto se debe a que “la salud es bifronte; por un lado está el componente social, que la ata a ese derecho del ciudadano, y por otro lado depende de su capacidad de pago, teniendo más relevancia la ultima”.
A esto se suma la creación de los regímenes contributivo y subsidiado, que han aumentado más la brecha entre ricos y pobres. Según los expertos, las nuevas leyes no han logrado acabar con esta división, además del mal manejo de los recursos otorgados.
Y aunque la Constitución exige que se haga un buen manejo de los recursos, pues son escasos, esta restricción provoca que se limite el ejercicio de este derecho, “lo que vislumbra que el Estado no es consciente aún de que el derecho a la salud es fundamental” dijo el ex magistrado Cepeda.
Asimismo, agregó que el Gobierno está en mora de realizar una ley estatutaria en la que se determinen de una manera verdadera las necesidades epidemiológicas, tecnológicas, la orientación de recursos al sistema y se aclaren las necesidades reales en salud.
Este tema fue tratado en la mesa de trabajo La Tutela y el Derecho Fundamental a la Salud, llevada a cabo recientemente en la Universidad Autónoma de Colombia.