Denunciante Bronce
 |  "Hay una guerra silenciosa contra los jueces"
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 | "Hay una guerra silenciosa contra los jueces"
Por: Cecilia Orozco Tascón
Jenny Rosanía, la joven jueza que ordenó, en primer término, la detención preventiva de Mario Aranguren, habla sobre las amenazas que recibió después de que el expresidente Uribe la atacara. Asegura que ahora está siendo perseguida judicialmente.
Foto: Óscar Pérez - El Espectador La juez Jenny Rosanía denuncia que hay muchos colegas en la misma situación.
Cecilia Orozco Tascón.- ¿Cuál es su cargo actual?
Jueza Jenny Rosanía Jiménez.- Soy Juez 52 Penal Municipal con función de control de garantías.
C.O.T.- ¿Cuándo tuvo contacto con el caso del exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) Mario Aranguren, procesado por el caso del espionaje ilegal del DAS a la Corte Suprema?
J.R.J.- Para ejercer la función de control de garantías, recibí el caso Aranguren el 29 mayo de 2010. El 31 del mismo mes tomé la decisión de dictarle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, después de evaluar, de manera razonada, su responsabilidad.
C.O.T.- ¿Por qué consideró que Aranguren debería permanecer en una cárcel?
J.R.J.- La Fiscalía pidió detención en establecimiento carcelario porque existían indicios graves de la responsabilidad penal del doctor Aranguren. La detención domiciliaria no fue solicitada en esa audiencia. Frente a esa situación yo no podía, como juez, pronunciarme sobre esta última ni menos concederla.
C.O.T.- Pero mes y medio después, en julio del año pasado, un colega suyo pareció tumbar su decisión cuando le concedió a Aranguren la detención domiciliaria.
J.R.J.- Cuando decreté la medida de aseguramiento, la defensa de Aranguren apeló y mi decisión fue revisada por mi superior, la Jueza Sexta Penal del Circuito. Ella la mantuvo y, por tanto, quedó en firme. Como en el sistema acusatorio se puede solicitar la sustitución de la detención preventiva, su defensor la pidió posteriormente y fue resuelta por el juez que usted menciona. Pero entienda que mi decisión y la del último juez fueron diferentes, porque correspondieron a peticiones independientes, hechas en distintos momentos. No significa, por tanto, que la última haya tumbado la primera.
C.O.T.- ¿Cuándo fue amenazada?
J.R.J.- La primera amenaza me llegó mes y medio después de las declaraciones del expresidente Uribe, quien me criticó duramente a las pocas horas de conocerse mi decisión con respecto a Aranguren. Él comparó un caso que yo había conocido en diciembre de 2009, con el del doctor Aranguren, como si fueran situaciones similares, siendo totalmente distintas. Aseguró que mientras yo ordenaba detener a un hombre de bien, les daba la libertad a unos narcotraficantes.
C.O.T.- Sí, fue un caso en el que usted dejó en libertad a 11 presuntos narcotraficantes. No tiene nada que ver con Aranguren, pero, ¿por qué los dejó libres?
J.R.J.- Hubo 11 allanamientos en distintas partes del país. Nadie fue capturado en flagrancia durante esos allanamientos. Once personas que ya tenían órdenes de captura fueron vinculadas por la fiscal a ese caso sin que hubiera pruebas para inferir la responsabilidad de cada uno. Frente a esta situación me vi en la obligación de preguntarle a la fiscal quién era el que dirigía la organización y qué función cumplían dentro de la banda los detenidos. Me manifestó que el jefe había muerto hacía dos años y que no tenía conocimiento directo de las funciones de cada imputado. ¿Cómo podía yo dictar medida de aseguramiento en esas circunstancias?
C.O.T.- Sin embargo, a usted le reprochan no haber tenido en cuenta los antecedentes penales de algunos de los que dejó en libertad.
J.R.J.- Dos o tres de los 11 imputados tenían antecedentes. pero el resto no. Sin embargo, la fiscal del caso pidió medida de aseguramiento para todos sin distinción, con argumentos generales y abstractos. Cada vez que le preguntaba por hechos concretos para sustentar la medida, no tenía respuesta precisa ni conocimiento individual de las responsabilidades.
C.O.T.- ¿Por qué sostiene que el caso Aranguren es diferente?
J.R.J.- En el proceso de Aranguren había información directa que lo relacionaba a él con los hechos que se le endilgaban y lo que se le reprochaba era la destinación de información a un organismo que no tenía competencia para recibirla. En el otro caso, como le dije, no había individualización de responsabilidades. Por eso no son comparables.
C.O.T.- Volviendo al tema de las amenazas, ¿por qué las relaciona con lo que dijo el expresidente Uribe contra usted?
J.R.J.- Una primera carta, en la que se me decía que me iban a matar, llegó pocos días después de las declaraciones del expresidente. Y quien la escribió mencionaba que estaba en peligro por haber tomado la determinación contra Aranguren y por haber afectado al expresidente Uribe.
C.O.T.- ¿En qué contexto fueron mencionados estos dos altos funcionarios?
J.R.J.- Quien me escribió dijo que “ciertas personas” estaban inconformes con la orden que había decretado contra Aranguren y que el expresidente quería verme destituida. A raíz de esa situación puse la denuncia en la Fiscalía para que me protegiera y para que averiguara si la persona que firmaba existía realmente o no.
C.O.T.- ¿El firmante existe?
J.R.J.- Sí. Es un condenado que paga su pena en la cárcel de Valledupar. Afirmaba que la organización criminal a la que pertenece iba a ser contratada por personas del mundo político para que atentaran contra mí. Hasta la fecha no he recibido una sola notificación de la Fiscalía. Todavía estoy esperando a que me llamen a contarme qué hay de la investigación.
C.O.T.- Sin exagerar, ¿cree que está en riesgo?
J.R.J.- Sí. No lo digo yo sino la Policía. Yo, que antes vivía en el anonimato, ahora corro peligro después de las menciones que hizo el expresidente sobre mí y luego de que me desacreditara sin ningún respeto por mi honra, mi carrera y mi investidura de juez.
C.O.T.- ¿Qué ha pasado en su trabajo? ¿También se ha visto afectado?
J.R.J.- Claro que sí. A raíz de la situación que vivo no sólo me preocupa que me persigan físicamente, sino también que lo hagan judicialmente.
C.O.T.- ¿A qué se refiere?
J.R.J.- Desde el momento en que el doctor Uribe habló públicamente contra mí, me he visto acosada por la apertura de procesos disciplinarios. Tengo 26 casos pendientes en el Consejo de la Judicatura y todos se deben a decisiones que he tenido que tomar sobre vigilancia a detenidos, detenciones domiciliarias o imposición de brazaletes electrónicos.
C.O.T.- ¿A instancias de quién se le han abierto esos 26 procesos?
J.R.J.- El primero se abrió con el caso que mencionó el expresidente: se me notificó oficialmente en noviembre pasado, pero se había abierto desde el 15 de junio de 2010, es decir, 15 días después de decidir que el doctor Aranguren quedaba detenido. Los otros 25 disciplinarios se abren luego de esa fecha.
C.O.T.- ¿Antes había tenido algún proceso disciplinario?
J.R.J.- Tuve dos, pero fueron archivados.
C.O.T.- ¿En cuánto tiempo le abrieron las otras 25 investigaciones?
J.R.J.- Cuando me notificaron el pliego de cargos por la libertad de los 11 supuestos narcotraficantes me di cuenta de que tenía otros cuatro o cinco procesos abiertos de los que no tenía noticia. Dos meses después, cuando fui a contestar el pliego de cargos, revisé el sistema y ya tenía 26.
C.O.T.- ¿Había nuevos denunciantes?
J.R.J.- La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Julia Emma Garzón, continuó abriendo investigaciones oficiosamente, respaldada en una petición del ministro del Interior y Justicia, Valencia Cossio, y de su viceministro Miguel Ceballos, quienes enviaron, para la misma época, un requerimiento para que investigaran a todos los jueces que hubieran dejado en libertad a cierto tipo de detenidos. A raíz de ese oficio el Consejo Superior abocó el conocimiento de los mismos y los remitió al Seccional para que iniciara las indagaciones no sólo en mi contra, sino en contra de muchos jueces que estamos viviendo una especie de persecución por las determinaciones que tomamos.
C.O.T.- Pero eso que usted dice es delicado, porque significa que los jueces no están tomando decisiones con plena libertad…
J.R.J.- Pues sí, así es. Estamos perdiendo la autonomía judicial que está contemplada en el Estado Social de Derecho. Nos están sacrificando por la injerencia de factores políticos en nuestras decisiones.
C.O.T.- El Consejo de la Judicatura se queja por el atraso de la justicia. No sólo eso: sanciona a los jueces que están en mora. ¿Quiénes se van a hacer cargo de esos nuevos procesos?
J.R.J.- Imagínese que hay alrededor de 12 mil nuevos procesos disciplinarios por esta situación. No exagero si digo que estamos siendo investigados todos los magistrados, jueces y fiscales que operamos en la capital.
C.O.T.- ¿Usted y sus colegas temen decretar ahora una medida de vigilancia electrónica, por poner un ejemplo, aunque el procesado tenga derecho a ella?
J.R.J.- Sí. Estamos viviendo una guerra tan silenciosa y peligrosa que si nosotros decretamos una detención domiciliaria, tenemos notificación de apertura del proceso disciplinario en menos de dos meses.
C.O.T.- Para que quede claro, ¿esta situación que usted denuncia nace del debate que se produjo cuando ordenó que el doctor Aranguren quedara detenido?
J.R.J.- Por lo menos coincide en hechos y tiempo. Puedo decir que fui el florero de Llorente para desatar una persecución contra los jueces a punta de investigaciones disciplinarias.
CONTINÚA............
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