Sin embargo, relató Nule, a finales de 2009 la compañía aseguradora Segurexpo lo contactó para decirle que no estaba satisfecha con la ejecución del contrato por parte de la Unión Temporal Transvial, en la que ellos participaban, y que lo mejor era que cedieran el contrato. Nule añadió que esta petición coincidió con varias reuniones con el contratista Emilio Tapia y el abogado Álvaro Dávila, en los cuales ellos le dijeron que Iván y Samuel Moreno estaban muy molestos porque no les pagaban las exigencias económicas que hacían.
Luego insistió que a principios de 2010 siguieron las presiones del alcalde, el IDU y la aseguradora para que Transvial cediera el contrato 137 de 2007, y fue cuando volvió a aparecer la aseguradora para solicitar que le cedieran el contrato a la firma Conalvías. Es decir, resumió Nule, los hermanos Samuel e Iván Moreno, la directora del IDU, Liliana Pardo, Segurexpo y Conalvías “diseñaron toda una estrategia para obligar a ceder el contrato y para que la única empresa que se interesara fuera Conalvías”.
Nule fue más allá y aseguró que además de que fue absurdo que después de la cesión se hiciera una adición al precio global de la obra de $94 mil millones, notó que la cifra de adición ascendió a $30 mil millones, “la cual casual y sospechosamente coincidió con el monto que Emilio Tapia había manifestado con anterioridad que estaban exigiendo los hermanos Moreno para repotenciar el contrato”. Por eso recalcó que la amenaza de la Alcaldía de caducar el contrato, “sólo fue una estrategia para que Samuel e Iván Moreno pudieran cobrar”.
En su explosiva declaración, inusual en Manuel Nule, quien hasta ahora había sido el más ponderado de los primos, y también el cerebro técnico del grupo, el hoy detenido socio de 87 empresas concluyó diciendo que la Unión Temporal de ellos nunca pidió modificaciones al precio global, y que apenas cedieron el contrato se lo aumentaron a Conalvías y le redujeron la cantidad de obras. “Esto es escandaloso, no lo comparto y evidentemente genera un detrimento al patrimonio público”, puntualizó Manuel Nule Velilla.
Días antes, sobre el polémico tema de la cesión, ya había declarado el representante legal del Grupo Empresarial Vías de Bogotá SAS, más conocido como Conalvías, Andrés Jaramillo López. Su versión es que como ellos estaban construyendo otro tramo de la Fase III de Transmilenio, a principios de 2010 lo contactó el presidente de Segurexpo, Juan Pablo Luque, para preguntarle si le interesaba aceptar la cesión del contrato que iba a dejar Transvial. Jaramillo agregó que se interesaron y presentaron su propuesta en febrero.
Conalvías aceptaba ser el cesionario del contrato que dejaba el consorcio de los Nule siempre y cuando lo aprobara el IDU y no tuvieran que aceptar aspectos relacionados con facturación de obras construidas o acreedores tributarios, con entidades financieras y laborales. Según Jaramillo, Transvial aceptó “de manera plena e integral la propuesta”, sin recibir un peso en calidad de anticipo. “Fue una oportunidad técnica y económica que el mercado nos brindó y teníamos capacidad técnica y financiera”, precisó Jaramillo.
No obstante, el delegado de la Contraloría le requirió explicación del porqué el costo de una obra contratada por $315 mil millones pasó a una propuesta de $467 mil millones cuando la sumió la empresa Conalvías. Andrés Jaramillo replicó diciendo que nunca hubo una propuesta de su empresa y que lo que sucedió fue un ejercicio técnico, “serio y juicioso, y acorde a los costos reales para construir el proyecto para el cual el IDU contrató. Un ejercicio y una evaluación económica que fueron acompañados por la interventoría”.
La Contraloría consultó también al representante legal de Consorcio Intercol, Jorge Alberto Salamanca, cuya empresa cumplió gestiones como interventora del polémico contrato de los Nule en la Fase III de Transmilenio, y quien de entrada destacó que “la falta de diseños completos comenzó a afectar el avance de la obra a partir del sexto mes, en especial por los ajustes en la separación de la red de aguas lluvias y aguas negras”. Estos obstáculos, según Salamanca, generaron atrasos y fueron debidamente reportados.
Salamanca advirtió que desde el primer momento la interventoría dejó constancia del mal manejo del anticipo de $81 mil millones, y que incluso sus reportes, dirigidos al IDU y a la aseguradora, fueron determinantes para concluir que se debía pagar el siniestro causado por la deficiente ejecución del anticipo. No obstante, destacó que las pruebas del manejo irregular posterior sólo las conoció su empresa al momento de liquidar el anticipo, por lo cual le resultó imposible acudir ante la justicia, ya que no tenía las pruebas contra el contratista.
Obviamente, en este nuevo capítulo del escándalo Nule, esta vez por la cesión del contrato, no podía faltar el suspendido alcalde Samuel Moreno, quien reiteró una vez más que su gestión no comprende ser el gestor fiscal de los recursos del IDU ni de ninguna entidad del Distrito, y que en tal sentido y por mandato legal, el IDU tuvo exclusiva responsabilidad sobre la contratación. Además recordó que cuando asumió como alcalde de Bogotá, tres días antes de su posesión ya había sido adjudicada la obra de la Fase III de Transmilenio.
La Contraloría le preguntó qué tuvo en cuenta para que Liliana Pardo, nombrada durante la gestión de Lucho Garzón, fuera ratificada en el IDU. Samuel Moreno respondió que lo hizo porque se iniciaba el cobro de la contribución por valorización y porque además, por una norma, no participaba en la designación o retiro de los servidores de esta entidad. Además, insistió Moreno, nunca fue informado de que la obra tuviera inconvenientes en materia de diseños, como lo afirmó después Manuel Nule en su declaración.
Samuel Moreno detalló que sólo hasta finales de 2009 fue informado por el IDU de los reiterados incumplimientos de la Unión Temporal Transvial, y de que ya había 40 requerimientos de la interventoría. En octubre de 2010, sostuvo el alcalde, la firma Segurexpo tuvo que cancelar la totalidad del anticipo, incluidos los intereses, y en diciembre del mismo año, a través del IDU, se presentó una denuncia penal contra el consorcio de los Nule. El suspendido alcalde insistió en que no le constan las irregularidades en la cesión del contrato.
Desde el pasado 11 de marzo, la Contraloría General de la República dispuso el cierre de la indagación preliminar y la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Ya ha recaudado la mayoría de los testimonios solicitados por la delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales.
En próximos días tendrá que tomar una decisión respecto a los daños económicos que le causó a la ciudad el escándalo Nule, sólo en el caso de la Fase III de Transmilenio. Pero ronda un interrogante en el ambiente: ¿Es cierto que la cesión de la obra se hizo para que Iván y Samuel Moreno cobraran $30 mil millones? La justicia sigue indagando los pormenores de la crisis.