La petición que hizo la Procuraduría, este lunes, de revocar el fallo que condenó al coronel retirado, fue recibida con “sorpresa y decepción”, según dijo a Semana.com René Guarín, hermano de Cristina Guarín, desaparecida durante la toma del Palacio del 6 y 7 de noviembre de 1985.
El caso de Plazas Vega, que está siendo revisado en segunda instancia, fue la primera condena a un militar por los hechos ocurridos en esa fecha. En la condena se incluyó el testimonio de Édgar Villamizar, quien, según la Procuraduría, fue suplantado.
Un hombre que se hace llamar Edgar Villamizar Espinel señaló que tanto los apellidos como la firma que se registraron en el documento que recoge la declaración que entregó la Fiscalía no corresponden a la suya.
Villamizar Espinel dijo que “para la época de la toma del Palacio de Justicia yo me encontraba en la Séptima Brigada perteneciente al B2 y mi función era que la gente que solicitara la compra de un arma no tuviera ni antecedentes ni armas del mismo calibre”.
“En ningún momento me dijeron que hiciera que me alistara para viajar (sic), puesto que eso pertenece a otra Brigada la Séptima y los hechos ocurridos pertenecían a la Décima Tercera Brigada y yo no estaba dentro de esa jurisdicción. La única manera para poder haber estado allá era que estuviera en comisión de estudios pero no fue así…” agregó.
Para los familiares de las víctimas no deja de ser extraño que después de casi cuatro años de rendido el testimonio aparezca “una nueva prueba”, como ha calificado el Ministerio Público la nueva declaración.
La defensa de las víctimas prefirió no referirse al caso, pues en su criterio, la actuación de la Procuraduría busca un impacto mediático en un momento previo a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.
“No entiendo cómo un falso testigo acudió ante una delegada ante la corte, un delegado de procuraduría y varios funcionarios más y los engañó sobre su verdadera identidad”, dijo, por su parte, Guarín.
Tanto para los familiares de las víctimas como sus abogados, la declaración de Villamizar, sin embargo, no es la única prueba por la que fue condenado Plazas Vega.
¿Prueba o montaje?
No es la primera vez que el testimonio de Villamizar se ha puesto en entredicho. De hecho, el coronel Plazas Vega ya había demandado a la fiscal Ángela Buitrago, quien hizo la investigación, por considerar que había prevaricado al darle validez. Sin embargo, la Fiscalía en 2010 desestimó la denuncia y archivó el caso.
El general José Ignacio Posada fue uno de los que puso en entredicho que la Brigada VII, a la que pertenecía Villamizar, hubiera enviado tropas.
No obstante, el general Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército en 1985, en noviembre de 2009 reconoció que ordenó agregar unidades de la Brigada VII durante la retoma, lo cual fue considerado como un desmentido de esa versión.
La Fiscalía contrastó el testimonio de Villamizar con otras pruebas. Comprobó, por ejemplo, que los días 6 y 7 de noviembre de 1985 sí hubo una agregación militar proveniente de la Séptima Brigada de Villavicencio y que Villamizar sí hacía parte de esa agregación.
La juez María Stella Jara Gutiérrez, quien profirió la condena contra Plazas Vega, llegó a la misma conclusión, y además validó el testimonio de Édgar Villamizar, que la defensa de Plazas Vega intentó controvertir junto con el agente del Ministerio Público.
Uno de los argumentos utilizados por la defensa de Plazas fue que en el acta en la que se recogió el testimonio, debajo de la firma del testigo, se leía el nombre el nombre de “Édgar Villarreal”.