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Santos cuestionó fallos del Consejo de Estado y la Corte

"Hoy quiero hablarles desde mi investidura de Jefe del Estado colombiano, ese Estado que constituimos por igual el Gobierno, la Rama Judicial, la Rama Legislativa, los órganos de control y los más de 46 millones de colombianos que conforman nuestra nación. Me refiero, en particular, a la providencia de la Corte Suprema de Justicia que negó validez probatoria a los archivos encontrados en los computadores de alias ´Raúl Reyes’, lo que implica —en la práctica— que las víctimas de secuestro, de extorsión, de homicidio o de reclutamiento de menores no podrán invocar las pruebas halladas en estos computadores para conocer la verdad y exigir justicia", aseveró el presidente Juan Manuel Santos.

"Y me refiero, también, a la sentencia del Consejo de Estado que condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional como responsables de los daños ocasionados a los militares que defendían la base de Las Delicias cuando fue atacada por las Farc en agosto de 1996. En otras palabras, una sentencia que declaró al Estado responsable por el daño que la guerrilla causó a los militares", agregó.

De acuerdo con el mandatario, si bien es cierto defiende la autonomía y la independencia de la justicia, las providencias generan "una profunda inquietud por algunos de los conceptos y consideraciones que subyacen detrás de ellas, y —sobre todo— por sus implicaciones para el buen funcionamiento de las instituciones".
Según el mandatario, señalar que el Estado crea situaciones objetivas de riesgo por ubicar una base militar en un ámbito espacial donde el orden público está alterado —y donde, por supuesto, hay peligro—, y hacer de esto una fuente de responsabilidad, puede tener consecuencias imprevisibles.
De igual forma, el mandatario se refirió al trato que le da a los militares, inclusive a aquellos que son investigados por la justicia. Según dijo, los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia saben que cuentan con el respaldo inequívoco del Jefe de Estado y de la sociedad, pero advirtió que el apoyo del Gobierno, y de los colombianos en general, se gana con un comportamiento ético en cada una de sus acciones.

La afirmación la hizo el mandatario en el acto de presentación de la Campaña institucional 'Fe en la Causa', del Ejército Nacional, que se cumplió en Bogotá. “Los soldados, los infantes de marina, los policías de nuestro país saben bien que cuentan con el respaldo inequívoco de su presidente, de su gobierno, del Estado y de la sociedad en su conjunto. No es casualidad que las encuestas, mes tras mes, ubiquen a la Fuerza Pública en el más alto grado de favorabilidad dentro de la opinión nacional. Pero quiero enfatizar en algo: esa confianza, ese respaldo, esa unanimidad del pueblo colombiano detrás de su Fuerza Pública, hay que ganarlos día a día, exigiéndose —como dice la campaña original del Ejército— un comportamiento ético superior”, dijo.

Recordó que los soldados tienen el privilegio que les concede la sociedad, de portar las armas para defenderla, libertad que impone “altísimas responsabilidades”. Añadió que por esta razón la sociedad les exige “transparencia, disciplina, compromiso firme con los derechos humanos, liderazgo social y lealtad a los principios fundadores de la Patria. Yo sé que los miembros de nuestra fuerza pública están y estarán a la altura de estas responsabilidades”. Además, expresó que de la misma forma que la sociedad colombiana destaca las acciones éticas de sus Fuerzas Militares y reciben el apoyo permanente del Estado, también deben enfrentar el castigo cuando este accionar se sale de la legalidad.

“Así como no nos tiembla la mano para defenderlos y respaldarlos por sus actuaciones legítimas, tampoco nos tiembla el pulso para sancionar y pedir que caiga todo el peso de la ley a quienes mancillen el honor militar o policial que juraron mantener en alto”, advirtió.

Así mismo, el presidente Santos expresó la preocupación del Gobierno por las denuncias de la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, sobre demoras injustificadas en procesos que cursan contra miembros de la Fuerza Pública por presuntas violaciones de derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

“Al igual que ella, el Gobierno y las Fuerzas Armadas queremos que en estos y otros casos similares haya justicia pronta y cumplida, y condenas para quienes las merezcan. Porque los militares y policías de Colombia —¡óigase bien!— quieren la justicia, demandan la aplicación de una justicia ponderada, pero no quieren impunidad. Quien manche el honor militar o policial, ¡que pague las consecuencias!”, expresó.