El escándalo de la parapolítica, que estalló cuando apenas el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez iniciaba su segundo mandato, no sólo cambió el rumbo de los dilemas entre el Ejecutivo y la oposición, sino que en su momento creó una incertidumbre jurídica de tales dimensiones, que puso a los líderes nacionales a buscar alterativas en torno a las verdades de los nexos entre miembros de la clase política y los grupos de autodefensas. Todo este panorama quedó registrado en los cables de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
En uno de esos reportes, en el contexto de anuncios del entonces presidente Uribe en torno a la liberación de prisioneros de las Farc por razones de Estado, la Embajada detalló la súbita propuesta del primer mandatario de que los políticos acusados de nexos con paramilitares se declararan culpables y confesaran sus actividades, a cambio de recibir la garantía de no ir a prisión. El argumento de peso era que resultaba imposible enviar a la cárcel a todos los implicados de actividades con paramilitarismo.
En ese mismo orden de ideas, el cable a Washington detalló la otra fórmula de Uribe ante la crisis de la parapolítica: promover un debate nacional en torno a los políticos, ganaderos, empresarios y otras altas personalidades del país, que hubiesen colaborado con los grupos paramilitares. La idea estaba encaminada a que recibieran la libertad a cambio de confesiones completas de sus actividades, siempre y cuando no estuvieran implicados en asesinatos o en actividades asociadas con violencia.
De todos modos, el entonces director de comunicaciones de la Presidencia, Jorge Mario Eastman, aclaró que en caso de prosperar la iniciativa, ésta debía ser objeto de un trámite legislativo. Un terreno aún más incierto pues, como lo destacó la Embajada en su cable, para entonces el Congreso ya manifestaba una división clara ante este tipo de propuestas, por el temor de que cualquier proyecto de ley que aportara beneficios para los congresistas podía dañar la legitimidad del Poder Legislativo.
En medio de la discusión, el entonces senador Gustavo Petro propuso una “ley de punto final”, que la Embajada de Estados Unidos en su cable fechado en mayo de 2007 calificó como de un concepto similar a la fórmula del presidente Uribe, aunque la segunda parecía más una estrategia para liberar a sus aliados políticos. Aunque en ese momento el Partido Liberal rechazó públicamente la opción de la “ley de punto final”, altos funcionarios de la misma colectividad comentaron que de todos modos había contactos para buscar soluciones.
Un mes después, la Embajada de Estados Unidos remitió otro cable, esta vez tomando como fuente declaraciones del entonces asesor jurídico de la Casa de Nariño, Mauricio González —hoy magistrado de la Corte Constitucional—, en el cual volvió a ponerse en consideración la posibilidad de presentar un proyecto de ley para reducir las sentencias a los políticos relacionados con los grupos paramilitares. El objetivo era crear una sentencia alternativa que implicara no aceptarla en casos de crímenes atroces o conductas afines.
El reporte a Washington dejó evidencia de que el gobierno colombiano no sabía qué hacer frente al tema y que el entonces presidente Uribe consideraba la posibilidad de acudir al Congreso para buscar una salida, dejando en claro que no se trataba de una ley de amnistía, sino únicamente de una reducción de penas a cambio de la confesión de delitos. En otras palabras, reducción del tiempo en la cárcel e inhabilidad definitiva para participar en actividades políticas.
La iniciativa buscaba que las sentencias fueran proporcionales al grado de colaboración con los grupos paramilitares, a fin de evitar injusticias. Eso sí, quedaba claro que no podía ampararse a políticos involucrados en masacres. En el cable quedó escrito cómo el asesor jurídico de Palacio, Mauricio González, reconoció que varios abogados de congresistas involucrados en el escándalo presionaban fuertemente para que el concierto para delinquir fuera catalogado como un delito político.
Al final, ninguna de las propuestas prosperó, la parapolítica tomó su curso normal y hoy varios congresistas no sólo afrontan sentencias por concierto para delinquir, sino que son procesados por delitos de lesa humanidad. Además, después de una primera oleada de investigaciones entre los años 2006 y 2008, en lo que va corrido del presente año se ha vuelto a revivir el espectro de la parapolítica y dirigentes han entrado a engrosar las listas de los investigados por nexos con los grupos paramilitares.