En este pandemónium del robo millonario al sistema de salud, en Colombia todo el mundo sabe qué está pasando, pero nadie lo entiende. Lo sabemos porque a casi todos nos ha tocado hacer largas filas para recibir un servicio básico al que tenemos derecho y por el que la mayoría tenemos que pagar.
También por los servicios negados a miles de pacientes en las secciones de urgencias; por los medicamentos que nos niegan las EPS y los que recibimos, casi todos adquiribles a precios más baratos en las tiendas de las esquinas; por las tutelas que cientos de miles han interpuesto para pedir que les sea reconocido su derecho a la salud; por los familiares y amigos que han muerto sin recibir atención médica. Todos padecemos este enredo pero nadie lo entiende.
Porque Colombia es un país donde todo puede suceder. Por eso estoy acostumbrado a leer cualquier noticia en sus periódicos sin asombrarme.
Sin embargo, las noticias del robo al sistema de salud me dejaron perplejo. Sobre todo una. Decía que agentes de la Interpol buscaban propiedades y cuentas de varios colombianos en paraísos fiscales como Panamá, Islas Caimán, Suiza y Emiratos Árabes. ¿De qué clase de ciudadanos? me pregunté. ¿Miembros de algún cartel del narcotráfico? La respuesta me dejó sin palabras: "De algunos socios de Saludcoop y de otras EPS".
El seguimiento comenzó en México, Panamá, República Dominicana y Chile, y en otros países de Europa y las islas del Caribe, donde Saludcoop tiene inversiones multimillonarias en el negocio de la salud y en papeles financieros no declarados. Aunque no dio cifras, el director de la Dijín, general Carlos Ramiro Mena, dijo que el costo de esos bienes es "exorbitante".
¿Entonces allá fueron a parar los miles de millones de pesos de la empresa más grande del sistema de salud de Colombia? me pregunté.
¿La que reemplazó al Instituto de Seguros Sociales porque era inviable y corrupto? ¿La que se apoderó del negocio de la salud en pocos años y llegó a tener más afiliados que el propio ISS?
Se me hizo un nudo en la cabeza y otro en la garganta.
Entonces pensé en el montón de noticias que he leído sobre el escándalo. Recordé, por ejemplo, lo que dijo el vicepresidente Angelino Garzón: "La Ley 100, con la que surgieron las EPS hace 17 años, terminó siendo un gran negocio para estas entidades y un mal para la salud de los colombianos".
"No es justo que mientras han obtenido miles de millones de pesos, en muchas regiones la red hospitalaria pública viva una crisis". "Es lamentable que recursos de la salud se hayan destinado incluso para construir campos de golf". "Los miembros de la criminalidad organizada al menos se juegan la vida en sus fechorías, mientras los otros se pavonean en clubes sociales"...
Según los estatutos de Saludcoop, cuyo servidor web está bloqueado hace varios días, los valores que dirigen a esa organización son "la solidaridad, la honestidad, el respeto, la lealtad, la responsabilidad, la amistad, la paz, la justicia y la laboriosidad".
Su propósito a largo plazo ha sido llegar a ser el Grupo Empresarial de mayor reconocimiento por su función y compromiso social con Colombia. Sus directivos dicen que esas metas se han logrado "inspiradas en el sueño solidario del bienestar común y la equidad" y, como cooperativa solidaria, "sus principios se basan en la gestión democrática por parte de los socios y en el interés por la comunidad".
Colombia, país de gramáticos, pensé enseguida. "Gestión democrática". "Interés por la comunidad". ¡Colombia, país de leyes!
Después de 17 años de aprobada la Ley 100, los colombianos vivimos en medio de una selva de siglas que muy pocos comprenden: EPS, IPS, ARS, UPC, etc. Un signo las resume: $$$.
Para solicitar el más módico servicio, el paciente es sometido al trámite de incontables formularios. Paciente y médico deben atravesar una selva de papeles. Mientras tanto, en la espesura de la jungla se ocultan los ladrones.
Pero no tenemos memoria. ¿Quiénes crearon con paciencia maquiavélica la maldita Ley 100? ¿Quiénes fundaron las primeras EPS, seguros del negocio multimillonario en que iban a convertirse? ¿Cuántas multas millonarias, que no han pagado, les han impuesto por sus abusos? ¿Cuántos hospitales públicos se vieron obligados a cerrar sus puertas? ¿Cuántos miles de niños han muerto por falta de protección inmunológica contra enfermedades que la humanidad ya derrotó hace décadas, porque vacunar niños no es un negocio y el Estado abandonó por mucho tiempo esa obligación?
Casi todos lo sabemos, pero nadie lo entiende.