Los mandatarios de Panamá (foto) y República Dominicana insistieron en normalizar la situación del país caribeño. Aseguraron que el único obstáculo son las trabas legales contra Zelaya


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Durante un discurso en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), Ricardo Martinelli formuló por primera vez la petición formal del retorno hondureño. "Tengo entendido que prontamente se resolverá este problema y estoy seguro de que todos vamos a recibir con los brazos abiertos a Honduras", señaló.

El país gobernado por Porfirio Lobo fue suspendido del órgano transnacional el 4 de julio de 2009, tras el golpe de Estado que derrocó a Zelaya. El mandatario panameño expresó su deseo de que "nunca más se tenga la penosa necesidad de hacer lo que se hizo con el pueblo hondureño".

Por su parte, el jefe de Estado dominicano, Leonel Fernández, aseguró que sólo algunas trabas judiciales impiden el regreso del ex mandatario a Honduras y la reintegración de ese país a la OEA.

Durante un acto en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, donde participa en el Foro Económico Mundial para América Latina, agregó que las advertencias de la Fiscalía General sobre la emisión de nuevas órdenes de captura "no contribuyen en nada al clima adecuado de convivencia entre los hondureños".

Afirmó que existe voluntad política tanto de Lobo como de Zelaya y de los países que impulsan la normalización de la situación, pero que el proceso depende de una decisión judicial.

La reincorporación del país al organismo interamericano tomó impulso recientemente tras una mediación de los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez.

Fernández opinó que "en la medida en que se entienda que hay una nueva realidad en Honduras y que se puede volver a un Estado democrático plural para todos, se puede convencer a Brasil, Argentina y otros países que son renuentes a que Honduras regrese a la comunidad interamericana".

Zelaya está refugiado en República Dominicana y no regresa a su país porque pesan sobre él denuncias por falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la fe pública y de la administración pública.