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 |  La dura guerra contra las bacrim
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 | La dura guerra contra las bacrim
Por Tadeo Martínez
CONFLICTO. El más grande operativo contra las bandas criminales arroja 301 detenidos, 42 laboratorios destruidos y 5.200 kilos de coca incautados. En los últimos cinco años, 2.238 personas han sido asesinadas en Córdoba.Miércoles 20 Abril 2011
Al bordear el Parque de Paramillo, en las laderas de las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, en los valles de los ríos Sinú, San Jorge y Cauca, en los pueblos costeros de Urabá y Morrosquillo, se puede ver cómo se lleva a cabo, desde el 24 de enero, la Operación Troya.
Una tarea con la que se busca desmantelar a las bandas criminales que en los últimos cinco años años han asesinado a 2.238 personas en Córdoba, y en la que participan de manera coordinada Ejército, Infantería de Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Fiscalía y Acción Social.
Los municipios donde tienen presencia permanente en la zona rural y urbana, y en las que se viven situaciones diarias de homicidios selectivos, extorsión, reclutamiento (aprovechando el desempleo y necesidad de miles de jóvenes sin oportunidades), son Tierralta, Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano, Ayapel y San José de Uré.
Allí se registran enfrentamientos casi a diario entre las bandas de los Paisas y Rastrojos, aliados contra los Urabeños por los cultivos ilícitos y las rutas hacia los golfos de Urabá y Morrosquillo.
Los presuntos cabecillas de 'paisas' y 'rastrojos' en esta zona son Ángel de Jesús Pacheco, alias ‘Sebastián’ (exmilitante del grupo de alias ‘Macaco’), y Francisco José Morelo Peñata, alias ‘El negro Sarley’.
También hay altos índices de criminalidad y presencia de estas bandas en Arboletes (Antioquia), Puerto Escondido, Moñitos, Lorica, San Pelayo, San Antero, San Bernardo del Viento (Córdoba).
Fuentes policiales dicen que los líderes de ‘Los Urabeños’, son Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovanni’ y Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Gavilán’, pero también se dice que el cabecilla de los urabeños es Armando Alberto Pérez Betancur, alias ‘Camilo’, un excoronel del ejército quien fue el segundo al mando en el Bloque Catatumbo.
De acuerdo con la Policía y el Ejército, en la zona del bajo Cauca antioqueño, altos de los ríos San Jorge y Sinú, habría 6.700 hectáreas sembradas de coca, mientras que en el interior del Parque Natural Paramillo según el monitoreo de Naciones Unidas, habría 1.200 hectáreas.
En reciente entrevista a SEMANA, Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, dijo que son más de quince mil hectáreas. En 2005, año de la desmovilización de los paramilitares, asesinaron en Córdoba a 158 personas.
Los años siguientes se incrementaron a 253 y 366. En el año 2008 se encendieron las alarmas por el asesinato de 512 personas. En los años 2009 y 2010 se ha mantenido en aumento con 532 y 575 asesinatos.
En la erradicación de cultivos, el Ejército y la Policía han vivido una tragedia, pues las minas antipersonas han quitado la vida a 101 soldados y a 15 policías, mientras otros 434 soldados y 20 policías han perdido brazos y piernas.
El número de capturados en 2010 (5.785), indican que la capacidad de reclutamiento de las bandas y el número de personas involucradas en la guerra es incalculable. En flagrancia cayeron 4.234 y con orden judicial, 1.551.
De acuerdo con el general Leonardo Pinto, comandante de la XI Brigada, entre las dos bandas en la zona tienen más de 700 hombres armados, pero se desconoce cuántos trabajan como informantes y mensajeros.
En Tierralta se vive en aparente calma. Entrada la noche, los negocios se mantienen abiertos, pero existe la versión de que las mismas bandas presionan a la gente para que sigan su vida normal. El general Pinto, de la XI Brigada, dice que esa tranquilidad se debe a la presencia de la fuerza pública.
En las zonas urbanas las bacrim visten de civil y portan armas cortas, mientras en las zonas rurales llevan uniformes privativos y armas largas, en grupos pequeños.
Reclutan a jóvenes desempleados, a quienes encomiendan tareas específicas de campaneros y les pagan 500.000 pesos, convirtiéndolos en sus oídos y en sus ojos, creando un ambiente de vigilancia permanente. Entre Tierralta y su área rural puede haber más de 70 jóvenes campaneros, a quienes entregan un celular para que informen si ven extraños.
No saben nada de la organización ni conocen a nadie. En marzo de 2010, en un enfrentamiento entre 'paisas' y 'urabeños', el Ejército intervino dando de baja a ocho y capturó a 51 integrantes, lo que dio lugar a uno de los juicios más sonados en Córdoba, por la cantidad de detenidos. Un caso que causó estupor fue el proceso contra nueve ‘descuartizadores’ de los ‘urabeños’.
En agosto de 2010, 49 familias del sector de la Bonita en Tierralta, se desplazaron a Pailitas por los enfrentamientos diarios entre las bandas.
En los tres meses del Plan Troya se han realizado 250 operaciones, han sido capturados 301 miembros de las bacrim, incautados 5.281 kilos de cocaína y 735 kilos de pasta base de coca, así como 67.400 kilos de cemento, urea y cal, y 43.082 galones de gasolina y acpm.
En enero de 2011, asesinaron a 44 personas, cifra inferior a los cometidos en enero de 2010 y 2008, cuando hubo 58 y 61 asesinatos. Los resultados de Troya son positivos: si bien en febrero se presentaron 20 homicidios, es esa la tasa más baja desde 2006. Igualmente, fueron destruidos ocho laboratorios y se incautaron armas cortas, largas, municiones, granadas y vehículos.
Escepticismo
Oficiales del Ejército y la Policía sostienen que esta lucha no se gana sólo con las armas, por eso realizan brigadas sociales para evitar el reclutamiento de jóvenes por parte de las bandas criminales. La policía está llevando a los profesores a las veredas.
‘No es suficiente llegar a una zona, capturar criminales, destruir laboratorios e incautar drogas. Hay que llevar planes y programas sociales, construir escuelas, prestar el servicio de salud y mejorar las vías’, sostiene el coronel Páez, comandante de Policía Córdoba.
Pero lo que más preocupa es la judicialización de los capturados, que en un alto porcentaje recuperan la libertad porque el delito es excarcelable.
De los 575 homicidios ocurridos en 2010, sólo doce están atados al delito de concierto para delinquir. Mario Anaya, director seccional de fiscalías en Córdoba, sostiene que la mayoría de las capturas recaen sobre delincuentes de bajo nivel y, si sólo portan un revólver, se allanan al cargo de porte ilegal, rechazan el concierto para delinquir y recobran la libertad.
Hoy hay cuatro fiscales dedicados exclusivamente a investigar y judicializar a miembros de las bacrim, desde la indagación hasta la imputación, instancia en la que asumen el caso fiscales especializados. Anaya dice que se necesitan más unidades de policía judicial y recursos, pues los testimonios se caen ante la intimidación y exterminio de los testigos.
Hay ejemplos, como el de 11 capturados y judicializados por el homicidio de la directora del CTI de Planeta Rica, Marta López Romero, crimen cometido el 1 de diciembre de 2009.
Los testigos no quieren ratificarse porque asesinaron a un hermano de la víctima. Y el caso contra el exalcalde de Valencia, Mario Prada Cobos, en el que hay tres testigos muertos.
Pero también hay investigaciones exitosas, como el de los nueve descuartizadores detenidos, el del asesinato de Juan Carlos Pérez, un odontólogo que un día encontró a los urabeños en su finca y les dijo que se fueran, cuando les dio la espalda lo asesinaron; y el de los dos estudiantes de los Andes, pues hay cuatro capturados por haber participado en el homicidio.
Corrupción
La corrupción política y de agentes de las distintas fuerzas públicas también preocupa. Hace pocos días fue capturado el alcalde de San José de Uré, por haber desviado presuntamente más de 8.000 millones de pesos con destino a las bacrim.
Funcionarios de la Fiscalía creen que habría 70 falsos positivos relacionados con pago de recompensas. Las sospechas de corrupción e investigaciones, por posible infiltración de las bandas a la fiscalía, la policía, el DAS, y el sistema judicial, ha llegado hasta los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior y a un Juez Penal del Circuito de Montería, que están siendo investigados por la Procuraduría por haber absuelto a la excongresista Eleonora Pineda por un caso de homicidio agravado.
Hay preocupación porque en los procesos de las bacrim que llegan a juicio, no hay representantes de las víctimas y los procesos se caen porque los testigos se retractan, fruto de sobornos o amenazas, o son asesinados.
Las bandas, ante la imposibilidad técnica de la Fiscalía para probar los delitos que les imputan, han adoptado una estrategia sombría: no allanarse para congestionar los juzgados y reventar el sistema judicial con procesos que no pueden resolver.
La Fiscalía necesita equipos de interceptación y más policía judicial para vigilancia y seguimiento con el fin de encontrar las rutas y caletas, asimismo como para contar con agentes encubiertos.
En el 2010, por crímenes cometidos por las bacrim, fueron condenadas 68 personas, y hasta el pasado mes de marzo han sido condenados 12 procesados.
Un juez dice que los fiscales de élite para luchar contra las bacrim es como volver a la justicia sin rostro: “Esos fiscales son operativos, pero no entienden el sistema acusatorio, es decir, por ejemplo no pueden sostener la acusación de concierto’.
CONTINUA...............
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