Estas son las conclusiones y recomendaciones del reporte:


1. La CIDH mantiene su preocupación respecto de la existencia de reductos no desmovilizados de las estructuras paramilitares, del fenómeno del rearme y de la consolidación de nuevos grupos armados, y reitera la necesidad de que el Gobierno colombiano implemente mecanismos efectivos destinados a garantizar la desarticulación de las estructuras de las AUC. La CIDH entiende que corresponde al Estado un rol central y una responsabilidad principal en garantizar a las víctimas de los crímenes contra el derecho internacional un acceso efectivo y en condiciones de igualdad, a medidas de reparación integral, acordes a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. La CIDH continuará dando seguimiento a la discusión legislativa e implementación de medidas destinadas a lograr una reparación integral, que incluya la restitución efectiva de tierras a las víctimas.

2. La Comisión mantiene su preocupación respecto de la comisión de ejecuciones extrajudiciales presuntamente por miembros de la Fuerza Pública y el escaso número de condenas por éstos hechos. Asimismo, la Comisión manifiesta su grave preocupación por los actos de hostigamiento y atentados contra la vida de los familiares de las víctimas que han denunciado estos hechos. La Comisión expresa su preocupación respecto de la utilización de la jurisdicción penal militar para conocer casos de violaciones de derechos humanos y más específicamente de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de la Fuerza Pública, lo cual contraviene la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, así como de la Corte Constitucional colombiana.

3. La Comisión manifiesta su grave preocupación por el incremento del número de desplazados internos por la violencia y el despojo de tierra por parte de actores armados. Asimismo, preocupa a la Comisión la situación humanitaria y de seguridad de los desplazados así como a la sostenibilidad de sus procesos de retorno. Al respecto, la CIDH considera fundamental que el Estado adopte un programa de protección integral para la población desplazada y reitera la importancia del cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, así como de sus autos de seguimiento.

4. Así mismo, la Comisión mantiene su preocupación respecto del impacto de la violencia sobre la población civil y, en particular, de los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas, las comunidades afro descendientes, quienes requieren de medidas diferenciadas de protección y asistencia humanitaria.

La Comisión expresa su preocupación por la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas colombianos, afectados en forma constante y profunda durante los últimos años, y específicamente durante 2010, por el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza, la fragilidad demográfica y el descuido estatal, hasta el punto de ver su existencia física y cultural en peligro. Los hechos referidos en el presente informe conllevan violaciones transversales de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y sus miembros, protegidos por los instrumentos interamericanos. Por lo mismo, la CIDH urge al Estado colombiano que cumpla con especial diligencia

5. Sus obligaciones internacionales de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, y de adopción de medidas positivas de protección especial para los pueblos indígenas, para prevenir su continua victimización.

6. La Comisión mantiene su preocupación por la grave crisis humanitaria que padece la población afrocolombiana, en particular sus líderes y lideresas, y miembros de los consejos comunitarios, quienes ejercen liderazgo en la reivindicación, defensa y protección de los derechos humanos de los afrocolombianos, especialmente de sus derechos relativos a sus territorios, los recursos naturales allí existentes y su derecho a la autonomía e identidad cultural. Al respecto, la Comisión considera necesario implementar políticas públicas y mecanismos especializados para garantizar que los afrocolombianos ejerzan plenamente sus derechos y libertades fundamentales.

7. La Comisión manifiesta su grave preocupación por los ataques registrados en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, por parte de los grupos armados al margen de la ley y espera se adopten las medidas necesarias para asegurar la libertad de expresión en condiciones de seguridad.

8. La CIDH reitera su especial preocupación por el empleo de mecanismos de inteligencia contra defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, operadores de justicia, organismos de cooperación internacional y organizaciones internacionales. Asimismo, la Comisión mantiene su preocupación por las amenazas y hostigamientos contra operadores de justicia, lo cual obstaculiza el cumplimiento de su labor, así como por la ausencia de esclarecimiento judicial de los hechos relacionados con las actividades ilegales de inteligencia. La CIDH continuará dando seguimiento a las iniciativas destinadas a la depuración de los archivos de inteligencia y al esclarecimiento de responsabilidades.

Recomendaciones

1. Fortalecer el trabajo de las instituciones llamadas a desempeñar un rol en la implementación de la Ley de Justicia y Paz, especialmente las unidades de la Fiscalía General de la Nación que ejercen un rol esencial de investigación, en término de apoyo logístico y seguridad a fin de garantizar el esclarecimiento judicial de los crímenes perpetrados contra las víctimas del conflicto y designar fiscales de Justicia y Paz capacitados en delitos sexuales o que involucren a niños y niñas.

2. Reforzar los mecanismos destinados a proteger y garantizar la seguridad de las víctimas del conflicto, testigos y defensoras y defensores de derechos humanos que se acerquen a fin de participar en el proceso de investigación y juzgamiento de quienes busquen beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz.

3. Adecuar la extradición de desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz a los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4. Garantizar la realización y efectiva participación de los extraditados en las diligencias que deben ser adelantadas en el marco de los procesos de Justicia y Paz, y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

5. Adoptar e implementar medidas efectivas tendientes a la desarticulación y desmantelamiento de grupos armados al margen de la ley.

6. Adoptar e implementar efectivamente medidas de reparación integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, incluyendo medidas de restitución efectiva de tierras.

7. Fortalecer mecanismos que garanticen la prevención de la comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la Fuerza Pública.

8. Fortalecer mecanismos de investigación de posibles ejecuciones extrajudiciales y remitir todas las causas que puedan involucrar ejecuciones extrajudiciales de civiles de la justicia penal militar a la justicia ordinaria.

9. Diseñar, adoptar e implementar efectivamente políticas que tomen en cuenta las necesidades específicas en materia de territorio, salud, educación, justicia de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas afectadas por el conflicto armado.

10. Adoptar las medidas necesarias para proteger la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y sindicales, y periodistas; prevenir su estigmatización y el empleo indebido de mecanismos de inteligencia en su contra; y remover los factores de riesgo que los afectan mediante el esclarecimiento judicial de actos de violencia, hostigamiento y amenazas.

11. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que los jueces y operadores judiciales puedan desarrollar su labor para la administración de justicia en condiciones de seguridad, independencia y libre de presiones de particulares y de instancias del Estado