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 |  El ABC de los delitos de la corrupción en Colombia
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 | El ABC de los delitos de la corrupción en Colombia
Caracol | Abril 13 de 2011
En medio de los escándalos por corrupción que se han destapado durante los últimos meses, la opinión pública se ha venido familiarizando con términos como peculado, prevaricato, concusión, cohecho, entre otros.
Caracol Radio decidió hacer un glosario de los delitos más frecuentes por los que la Fiscalía investiga a cientos de funcionarios, ex funcionarios y ex contratistas, de los cuales ya hay muchos en la cárcel, mientras otros están 'en capilla', a la espera de la decisión que tome un juez.
Peculado: es el primero y más grave de los delitos contra la administración pública. Aunque se les imputa a los servidores públicos, también se le puede endilgar a particulares que contratan con el Estado en calidad de intervinientes (como en el caso de los Nule), y tiene que ver con la apropiación ilegal, en provecho propio o a favor de un tercero, de bienes del Estado. Este delito tiene establecida una pena que va entre los 10 y los 31 años de cárcel.
Algunas personas procesadas por peculado son el ex viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar, quien fue enviado a la cárcel La Picota por el caso Agro Ingreso Seguro; la ex directora del IDU, Liliana Pardo Gaona; Guido, Manuel y Miguel Nule y Mauricio Galofre por el carrusel de la Contratación y mirando más hacia atrás, el ex gerente de Dragacol y ex congresista, Reginaldo Bray.
Prevaricato: Es el acto de funcionarios que toman decisiones por medio de una resolución, dictamen o un concepto contrarios a la ley. La detención para quienes cometen este delito oscila entre los 3 y los 8 años de cárcel.
Entre los procesados por prevaricato están el ex contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi (Caso Carrusel de la Contratación); el ex director de la UIAF, Mario Alejandro Aranguren (Caso Chuzadas); el ex juez, Luis Eduardo Beltrán Farías (Caso libertad concedida a Juan Felipe Sierra, John Freddy Manco Torres, alias 'el Indio' y Camilo Torres Martínez, alias 'Fritanga')
Concusión: delito cometido por un servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones induce a alguien a dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad indebidos. La pena de prisión oscila entre los 6 y los 10 años de cárcel.
Procesados por ese delito: El ex contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi; el exsenador, Alirio Villamizar (Caso Entrega de notarías para apoyar la reelección).
Cohecho: según el Código Penal, se refiere al servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente para retardar, u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Por esta conducta punible podría incurrir en prisión de 5 a 10 años.
Hay cohecho propio, impropio y por dar u ofrecer. Los juristas califican este delito como de dos vías, porque no solamente se castiga al que recibe las prebendas, ya sean por medio de dinero u otros beneficios, sino que también se penaliza al que ofrece. Recordemos lo que está pasando en el caso de la “yidispolítica” con Sabas Pretelt, llamado a juicio por ese delito.
Concierto para delinquir: El concierto para delinquir es el delito que tiene a más exfuncionarios en la cárcel y tiene que ver con la afectación a la seguridad pública. Básicamente es la participación de varias personas para cometer un delito.
El monto de la pena privativa de la libertad se agrava ostensiblemente si es para cometer delitos como genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, entre otros. Las condenas pueden ir desde los 3 hasta los 18 años de cárcel.
Entre los procesados por concierto para delinquir están todos los ex paramilitares; el exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes; los integrantes del Grupo Nule; los llamados 'parapolíticos' y el ex presidente de la Cámara, Armando Pomarico (Caso Contratación irregular)
Interés indebido en la celebración de contratos: Es otro delito muy famoso relacionado con el tema de la corrupción y lo comete el servidor público que actúe de manera interesada o amañada en cualquier clase de contrato u operación en las que deba intervenir por razón de su cargo. Este delito se castiga con cárcel de 64 meses a 18 años.
Abuso de autoridad por omisión de denuncia: se comete cuando el funcionario público que teniendo conocimiento de una conducta delictiva cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no informe a las autoridades. La pena para este delito va entre los dos años y ocho meses y los seis años de cárcel.
Utilización indebida de información oficial privilegiada: es un delito grave relacionado con la corrupción. Tiene que ver con el aprovechamiento por parte de funcionarios públicos de datos confidenciales de las entidades en las que trabajan, para beneficio propio.
Enlace: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?...87&rel=1454725
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