Presos con sueldo
A lo largo de un mes, SEMANA ingresó en diferentes oportunidades a la que se supone es una de las bases militares más custodiadas del país, recorrió en varias ocasiones el complejo y el interior del Centro de Reclusión Militar y comprobó que son increíbles las irregularidades en este lugar. Esta revista tuvo acceso a más de 1.100 documentos e informes internos del Cenae y del penal militar, en donde también están consignadas todo tipo de anomalías que allí han ocurrido durante años.
Uno de los documentos es el listado que elaboró la dirección de la cárcel de Tolemaida tras el escándalo en enero, con la relación de quiénes son los militares detenidos, su situación jurídica, el tiempo que llevan y otros datos. Este listado oficial, de hace un mes, da cuenta de 269 internos, de los cuales 261 están condenados.
De esos 261, muchos de ellos con sentencia en segunda instancia, 179 siguen como miembros activos en las filas del Ejército, a pesar de que en muchos casos llevan varios años presos y la mayoría tiene condenas que van hasta los 40 años de cárcel (ver infografía). Es decir que, a pesar de haber sido declarados culpables de los peores crímenes, esos 179 oficiales, suboficiales y soldados no solo no fueron retirados del servicio, sino que siguen recibiendo en prisión parte del salario que normalmente devengaban y beneficios como seguir cotizando para pensión. Algunos se han pensionado. Y algunos, incluso, han ascendido de rango en la cárcel.
"No es normal que los condenados sigan recibiendo sueldo y, mucho menos, figurando como miembro activo del Ejército. Una vez la condena queda en firme ya no hace parte de la fuerza y por lo tanto no tiene derecho a ningún beneficio, menos a seguir con salario", explicó a SEMANA una exdirectora de la Justicia Penal Militar. Ese pago de los salarios a los condenados suma varios miles de millones de pesos al mes.
"Aparte del sueldo, lo que más importa es que uno siga figurando como activo por lo menos hasta que alcanza el tiempo para la pensión. Acá somos varios los que hemos llegado al tiempo de pensión estando presos. Y la pensión no se la puede quitar nadie", contó a SEMANA uno de los internos.
Negocios, negocios, negocios
Al ingresar al complejo militar de Tolemaida, pocos metros después de pasar la guardia, lo primero que se encuentra a mano derecha es un pequeño restaurante, que es de uno de los presos, el sargento viceprimero Orlando Camargo, capturado en 2006 y condenado a 38 años de cárcel.
Allí, en un terreno destapado, están estacionados taxis, microbuses y mototaxis que movilizan a la gente por toda la base, muchos de los cuales pertenecen a los presos. El valor del pasaje va de 500 a 1.500 pesos. "La buseta le puede dejar a uno entre un millón y millón y medio de ganancia al mes", cuenta uno de los internos, condenado a 20 años de prisión. Allí se ve el taxi que pertenece al sargento viceprimero Gerson Galvis, quien fue arrestado en 2006 y condenado a 28 años de prisión por el caso del secuestro y asesinato de unos comerciantes en Barranquilla por parte del Gaula del Atlántico, unidad a la cual pertenecía. También, el microbús que pertenece al sargento segundo Wilson Casallas, capturado en 2005 y condenado a 40 años de prisión por homicidio en persona protegida cuando hizo parte del Batallón Pijaos de la Sexta Brigada del Ejército. Los tres mototaxis y el taxi de 'Zeus', quien fue autorizado por el director del penal para manejar uno de esos vehículos, también están en el lugar. "Los que estuvieron de malas fueron unos muchachos de la IV Brigada presos acá, a quienes la Brigada les mandó de regalo tres mototaxis nuevos para trabajar, pero con el problema de 'Zeus' les tocó dejarlas guardadas, por ahora", cuenta un interno, que manejaba un taxi. Por trabajar como 'transportadores', los detenidos recibían los beneficios de descuento de pena.
"Es completamente ilegal y está prohibido por el régimen del Inpec que los internos manejen cualquier tipo de vehículo, menos los que están con condenas altas. No solo no pueden manejar, sino que no deben incluso salir del penal. Y, obviamente, esas actividades no están contempladas como las autorizadas para reducción de pena", explicó a SEMANA un alto funcionario del Inpec.
Tras ocho minutos de recorrido en taxi desde la entrada de Tolemaida se llega al Parque del Soldado. Allí funcionan una serie de restaurantes, un supermercado, droguerías, papelerías y un pequeño centro comercial para atender los requerimientos de las más de 3.000 personas que habitan el complejo militar. Varios de los condenados tienen allí sus negocios, como el teniente coronel (r) Orlando Pulido, condenado a 30 años de prisión como responsable de la masacre de La Cabuya, ocurrida en Tame, Arauca, donde el 20 de noviembre de 1998 fueron asesinados cinco campesinos, entre ellos una mujer con siete meses de embarazo. El restaurante administrado por el exoficial se llama Héroes y ofrece comidas rápidas y platos a la carta.
"Eso también está prohibido por la ley. Ningún interno, en ningún tipo de centro de detención, así sea dentro de un fuerte, puede tener o administrar un restaurante y mucho menos para lucro personal. Eso lo acabó la ley hace años a raíz de los famosos caspetes", dijo a SEMANA el funcionario del Inpec. Pulido no es el único que tenía ese tipo de privilegios.
Tolemaida: ¿club o penal?
Desde el Parque del Soldado hasta el Centro de Reclusión hay otros cinco minutos en taxi. Desde afuera, la primera impresión es que se trata de una cárcel. Muros de cuatro metros de alto, mallas y alambres de púas envuelven las instalaciones y es lo único que se alcanza a ver desde la polvorienta carretera que lleva hasta el lugar. Adentro, las cosas son muy diferentes. Tras pasar la guardia y una reja, lo primero que se ve es un amplio espacio con un pequeño letrero que dice "Área social". En medio de frondosos árboles hay una serie de cabañas, llamadas por los internos "quioscos". Son 39, a los cuales se llega por los caminos adoquinados que rodean el sitio. Si bien no son instalaciones de un Club Mediterranée, las casas parecen más un campo de recreo que alojamientos de un penal. La gran mayoría tiene aire acondicionado, Internet y servicio de televisión satelital, entre otras comodidades. Las primeras cabañas se construyeron en 1998 y la última aún está en proceso.