ONG responsabilizan a ex presidente Álvaro Uribe por las 'chuzadas'









Así lo expresaron en una audiciencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.




La responsabilidad del ex presidente Álvaro Uribe en el caso de las interceptaciones ilegales del DAS es cada día más clara, dijeron hoy ONG durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Washington.
De acuerdo con las ONG, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y el Colectivos de Abogados José Alvear Restrepo, en general existe "ausencia de voluntad" por parte del Estado para llegar al fondo de este escándalo que sacudió al país en el 2008.
"Las pruebas de la autoría intelectual del ex presidente Uribe son cada día más contundentes!", dijo Antoine Bernard, del FIDH.
En la audiencia, los grupos denunciaron, a su vez, el "conocimiento cierto" de que las actividades ilegales del DAS "continúan" a la fecha y cuestionaron la permanencia en su cargo de su director Felipe Muñoz, de quien dijeron constituye un obstáculo para la tarea de transformar el DAS y no ofrece garantías.
Criticaron también la falta de participación de las víctimas en los procesos. Los representantes del Gobierno rechazaron la mayoría de las acusaciones y sostuvieron, por ejemplo, que los procesos avanzan, que se han dictado sentencias y que las víctimas si han tenido acceso a los procesos.


'Situación grave'



Las ONG también calificaron como "grave" la situación de los derechos humanos en el país.
El "desarme de la palabra" evidenciado durante el gobierno de Juan Manuel Santos no se ha traducido en mejoras a la situación de los Derechos Humanos en Colombia, que sigue siendo "muy grave", dijeron en la audiencia.

Según éstas, persisten las violaciones de la Fuerza Pública, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, y la persecución contra defensores de DD.HH. y sindicalistas en el país.
Las ONG documentaron más de 10 ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos" durante el año pasado, al igual que 19 asesinatos de defensores, 51 de sindicalistas y 11 activistas muertos por trabajar en el tema de reclamación de tierras.
De acuerdo a las ONG muchos de estos casos, se han dado desde el 7 de agosto, cuando asumió el presidente Juan Manuel Santos al que le sacaron en cara haber prometido una política de "cero tolerancia" frente a las ejecuciones extrajudiciales.
Los grupos mencionaron con especial atención el asesinato y violación de la menor Jenny Torres y sus dos hermanos en Arauca a manos de un miembro de la fuerza pública. Así mismo, el asesinato hace algunos días de Gloria Constanza Gaona, la juez que adelantaba el proceso.
Las ONG que participaron en la audiencia fueron Casa De la Mujer, Comisión de Justicia y Paz, Colombianos y Colombianas por la Paz, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Los grupos pidieron una visita "in situ" de la CIDH para verificar la situación. Así mismo, las ONG destacaron el "retroceso" que se está viendo en la transferencia de casos de la justicia militar a la ordinaria lo cual, dijeron, contribuye a la impunidad.

También cuestionaron la falta de contundencia frente a las Bacrim (Bandas Criminales) que dijeron son paramilitares pero llamadas así para evadir responsabilidad.
El gobierno, a través de Francisco Echeverry, director de Derechos Humanos y DIH en la Cancillería, rechazó los últimos atentados que se han cometido en el país y destacó una serie de iniciativas y leyes promovidas por el gobierno Santos, entre ellos el aumento de las penas para los infractores de los DD.HH.
Así mismo, la Ley de Tierras, que avanza en el Congreso y que busca reparar a las víctimas de la violencia al igual que la disposición total del presidente Santos en que la protección de los DD.HH. sea una política de Estado.
Según el gobierno, se está investigando y procesando todos los casos sobre ejecuciones extrajudiciales pero pidió que se reconociera la dramática reducción de estos casos en los últimos años.
En el caso de las Bacrim, la Fiscalía dijo que se adelantan 361 investigaciones, reportó más de 400 capturas y unas 200 condenas.
Varios comisionados de la CIDH, entre ellos María Silvia Guillen, le pidieron al Estado cuentas por el avance de las investigaciones en el caso de las interceptaciones del DAS.

La CIDH ya condenó esas prácticas en su momento, pues miembros de la propia Comisión se vieron afectados por las escuchas y seguimientos ilegales. En una audiencia que la CIDH celebró sobre el escándalo en 2008, el Gobierno colombiano se retiró de la sesión.

De acuerdo con Guillen, su impresión era que durante el gobierno anterior no se quiso investigar a los responsables.

El gobierno contestó que las investigaciones del DAS llevaban varios años y no se habían detenido.