La exsenadora habló así después de presentar su caso ante la CIDH en una sesión de trabajo cerrada, durante el 141 periodo de sesiones.
La exsenadora colombiana Piedad Córdoba denunció el sábado la "persecución" que sufre en su país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2003 le otorgó medidas cautelares para proteger su vida e integridad.
"En Colombia realmente no hay respeto por el sistema", dijo en declaraciones, "estoy muy afectada porque la persecución en Colombia es muy fuerte".
La exsenadora habló así después de presentar su caso ante la CIDH en una sesión de trabajo cerrada, durante el 141 periodo de sesiones públicas que celebra la Comisión y que se extenderá hasta el próximo 1 de abril.
Durante la audiencia los abogados expusieron que, a pesar de las medidas de protección dictadas, Córdoba ha sufrido "hostigamiento" por parte de las autoridades y opositores.
"El régimen es el mismo durante muchísimos años, y al que no lo mata, lo desaparece o lo acaba moralmente, como es el caso mío", lamentó la senadora, que dijo sentirse satisfecha del trabajo en favor de los derechos humanos durante más de 30 años.
Su abogado, Rafael Barrios, mencionó las escuchas de las que fue objeto por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal) de Colombia, que realizó una serie de escuchas ilegales a políticos, miembros de la oposición y periodistas.
Barrios, letrado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que lleva el caso de la exsenadora en Washington, indicó a Efe que Córdoba es una "víctima", que fue secuestrada en 1999 "y todavía no se ha hecho justicia" y ha sufrido robos recientes en su apartamento "de objetos personales y documentos relacionados con su actividad como senadora".
También sufre el "hostigamiento" cuando viaja al exterior, ya que según Barrios, es insultada en los aviones, ha sido escupida en algún aeropuerto, "aparentemente por ciudadanos pero que comulgan con el discurso de estigmatización pública de la senadora".
Además, señaló que de la decisión de la Procuraduría que la sancionó con la pérdida de su escaño parlamentario y la inhabilitó por 18 años para ejercer cargo público alguno es ilegal, ya que la decisión debería haber sido tomada por la Corte Suprema.
La senadora continuará con su agenda pública en la capital estadounidense el lunes, cuando participará en una conferencia sobre las perspectivas de paz en Colombia, organizada por The Washington Oficce on Latin America (WOLA).