Ese sistema muy bien aceitado de corrupción, que recorre las venas de todo el país, hace que las cifras sean cada día más pavorosas. Hay 37.000 funcionarios investigados por la Procuraduría y el 70 por ciento de ellos es por corrupción. El procurador Alejandro Ordóñez ha dicho que 32 gobernadores están siendo investigados y ya hay varios destituidos y suspendidos. El auditor Iván Darío Gómez Lee anota que la Contraloría indaga la pérdida de recursos de cerca de 42 billones de pesos en procesos de responsabilidad fiscal, y las cifras de recuperación de estos recursos no alcanzan el 1 por ciento del monto de los hallazgos fiscales.
¿Cómo se llegó a este punto? ¿Cómo pudieron los contratistas hacer esta captura del Estado?
Hay quienes consideran que todo empezó gracias a dos cambios en la arquitectura del Estado: la elección popular de alcaldes y la reforma a las regalías. Por un lado, se abrió la puerta para crear cientos de feudos autónomos, en los cuales el alcalde funge como rey, sin tener que responder a gobernador y presidente como antes; y por el otro lado, se les llenaron las arcas con recursos de regalías, salud y educación, por los cuales tampoco, en la práctica, dan cuentas a nadie.
Pero la elección popular de alcaldes no es el problema. El detonante de la corrupción a gran escala está en la manera como operan las campañas políticas. SEMANA encontró que en esa conclusión coinciden, curiosamente, dos extremos opuestos: un contratista especializado en el sistema del 'serrucho' y de las 'mordidas', que habló con esta revista, y uno de los más afamados teóricos de la democracia en el mundo, el italiano Giovanni Sartori.
Mientras el contratista dice: "Todo empieza en la campaña electoral. Los contratistas financian a los candidatos y hay contratistas que terminan sometiendo al elegido", Sartori, hablando sobre la corrupción en América Latina, advertía que, "en algunos países, el costo de la política se ha vuelto demencial", y proponía como remedio "abaratar la política".
En Colombia, además, hay agravantes: el narcotráfico, que a punta de terror hizo creer a muchos que era mejor someterse a un esquema de ilegalidad y corrupción; grupos armados, como la guerrilla y los paramilitares, que se inventaron todo tipo de argucias para desfalcar al Estado y dejaron sembrada esa funesta práctica en cientos de municipios del país, y bastante culpa le cae a la reelección, que hipotecó inmensos recursos públicos y clientelas.
De la era de Uribe, a manera de ejemplo, quedaron dos herencias terribles en esta materia. En primer lugar, una reforma que se hizo en 2007 a la Ley 80 de contratación, que les da gabelas insólitas a los contratistas -permite, en ciertos casos, contratación directa y a las concesiones se les puede dar una prórroga de hasta el 60 por ciento del tiempo-. Gracias a esa reforma, por ejemplo, en los últimos años se firmaron concesiones con privados para construir carreteras por seis billones de pesos y luego se hicieron escandalosas adiciones por 6,5 billones de pesos sobre los mismos contratos. El gobierno terminó entregando a dedo una cifra astronómica.
En segundo lugar, en ese gobierno se pusieron de moda las vigencias futuras, que dejan un mal sabor de exceso de entrega de contratos: Uribe dejó 26,4 billones de pesos amarrados a pagos futuros, y en los departamentos y municipios hay vigencias futuras por 14,5 billones de pesos.
En un foro sobre transparencia en la contratación en una de las ciudades del Caribe, un señor, ya entrado en años, pidió la palabra y dijo: "Doctor, es que la corrupción es un mal que nace, se reproduce, pero no muere… se transforma". Y el auditor contestó: "Y se sofistica". Aquí la discusión no es si hay corrupción o no. Es más bien si el país está dispuesto a seguir tolerando ese tsunami de podredumbre. O dicho de otra forma, si el anhelo que tenía el ex presidente Turbay se convierte hoy en un sueño nacional.
Fuente: semana