Aunque las demandas contra el Estado son un deporte nacional, en este caso los afectados consideran que la mayor responsabilidad recae sobre las autoridades, por la falta de control y vigilancia sobre esos fenómenos de captación ilegal. Según argumentan, el Estado falló en proteger a los ciudadanos de las pirámides. Un punto central de su reclamo jurídico es que en ese entonces el propio presidente Uribe habría reconocido indirectamente la responsabilidad estatal cuando, en noviembre de 2008, regañó a todo el mundo en el gobierno por dejar que las pirámides se salieran de madre. Muy molesto, el jefe del Estado le endilgó parte de la responsabilidad al superintendente financiero de entonces, César Prado, quien fue la primera cabeza que rodó en ese triste capítulo que vivió el país.
Los abogados están a la expectativa de lo que podría ser para ellos la prueba reina de que el Estado es responsable por su negligencia. En este sentido será determinante el fallo que deberá producir la Procuraduría General, que formuló pliego de cargos contra César Prado y seis altos exfuncionarios de la Superintendencia Financiera, por su presunta responsabilidad al no tomar medidas efectivas y oportunas que evitaran la proliferación de las pirámides.
En otras partes se han esgrimido argumentos similares. En los dos casos más sonados de fraude en Estados Unidos, Madoff y Stanford, se anunciaron demandas contra la SEC -la Comisión de Valores de Estados Unidos-, porque muchos abogados consideraron que fue incompetente y le faltó diligencia durante años para detectar estos vehículos ilegales de inversión. Pero el caso colombiano es bastante más insólito, pues los abogados están reclamando 15 veces el valor que se presentaron a cobrar las personas en las liquidaciones de las tres grandes pirámides. Dentro del proceso de liquidación de estas tres captadoras, cerca de 550.000 personas reclamaron dineros por tres billones de pesos.
El superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, dice que se trata de una reclamación temeraria y descabellada. "Pretender cobrar por lucro cesante y daños morales una cifra como la que están pretendiendo los abogados es absurdo".
Para el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, es insólito que quienes cayeron en la ilusión de obtener altas y rápidas rentabilidades en las pirámides sin ningún riesgo, ahora apuesten no solo a recuperar lo que invirtieron en ellas, sino a obtener una jugosa tajada adicional por cuenta del Estado.
El gobierno está confiado en que tiene argumentos legales muy fuertes para desvirtuar esas pretensiones. Sus abogados reiteran que actuaron ceñidos al marco legal que tenían a su alcance y que fue necesaria una Emergencia Social para poder actuar más rápidamente contra las pirámides.
Un argumento a favor del Estado es el hecho de que la Corte Constitucional, en su momento, declaró exequible la Emergencia, y con ello reconoció que se trató de un hecho sobreviniente, imprevisto, y que no se contaba con instrumentos para atajar este fenómeno. El procurador en ese entonces también consideró constitucional la Emergencia.
En la estrategia de defensa judicial que está preparando el gobierno hay herramientas bastante más audaces. Por ejemplo, sus abogados consideran que los supuestos perjuicios que reclaman las personas se derivan de una situación delictiva (captación ilegal, violación a la tasa de usura) e incluso de lavado de activos (DMG).
Además, cualquier reclamo podría tener implicaciones tributarias individuales. En este sentido, el gobierno busca cruzar información con la Dian para ver si los recursos supuestamente perdidos en las pirámides fueron debidamente declarados ante la administración tributaria.
Como si fuera poco, como en estos casos los intereses pagados eran elevados y superaban la tasa de usura, el gobierno cree que podría hasta demostrar que todos los que recibieron esos rendimientos también incurrieron en este delito, que, según el Código Penal, se castiga con cárcel. Este último punto es quizá el más polémico y políticamente inviable. Solo falta que a quienes perdieron casi todo en las pirámides los metan a la cárcel por reclamarle al Estado.
Estos son los argumentos del gobierno, pero hay abogados que piensan que no será tan sencillo. José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, dice que el Estado sí tiene una alta cuota de responsabilidad, porque tendría que haber ejercido la vigilancia correspondiente. "A ciencia y paciencia del gobierno nacional, del superfinanciero y el de Sociedades, se captaba del público en forma masiva y habitual sin que el Estado hubiera hecho nada". Para Hernández, el Estado puede repetir contra los funcionarios que fallaron.
Según el exmagistrado, aunque pudo haber descuido y culpa de los depositantes, lo más grave es que el Estado haya permitido que las cosas llegaran tan lejos. Y agrega que sí puede haber perjuicios morales en las reclamaciones, pues hay familias que perdieron a alguno de sus miembros ante el drama que vivieron con su dinero.
Por su parte, Gabriel de Vega, abogado administrativo, cree que es muy difícil que fallen en favor de los demandantes, pues aunque aleguen omisión del Estado, la gente sabía que esa actividad de captación no tenía autorización de las autoridades. De Vega recuerda que las demandas contra el Estado son un deporte nacional. Hace 25 años, luego del alud que sepultó Armero, también se demandó por omisión, pero la acción no prosperó. "A uno también le roban el carro porque la Policía no funciona, pero eso no le da razón a uno para demandar al Estado. Además, en derecho nadie puede alegar su propia culpa en beneficio propio".
Y más allá del debate jurídico de si el Estado falló o no en los controles para detener el fenómeno de la captación ilegal, hay quienes temen que esta avalancha de demandas pueda terminar en un cartel de jueces y abogados que presionen los fallos para hacerse a un negocio billonario.
Justicia emproblemada
Pero si los argumentos de una y otra parte pueden dar para toda una batalla jurídica, atender esta multitud de demandas se ha convertido en una papa caliente para la justicia. Y no solo por la congestión en los despachos.
En el gobierno muchos están con los pelos de punta por este motivo. Hace dos semanas, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, se reunieron con el procurador general, Alejandro Ordóñez, para evaluar el alud de procesos judiciales, que superan los 1.600, congestionan despachos en varias regiones del país y dificultan la tarea de los jueces.
Pero esto no es lo más serio. Hay regiones en donde los jueces se han declarado impedidos -por haber sido víctimas de las pirámides o tener algún familiar en estas circunstancias- y es difícil conseguir reemplazos. Por ejemplo, en el Tribunal Administrativo de Pasto todos los magistrados se declararon impedidos y los conjueces nombrados para suplirlos hicieron lo propio. En esta capital solo existe un Juzgado de Descongestión, que tiene a su cargo estas acciones, que ya suman 65 procesos. Allí se acumula el mayor número de casos de todo el país, pues fue una de las ciudades donde el fenómeno de las captadoras ilegales proliferó con más fuerza. En Popayán, todos los despachos judiciales se declararon impedidos y solo un juzgado asume actualmente las diferentes acciones. En Mocoa, Putumayo, solo existe un Juzgado de Descongestión, que tiene a su cargo estas acciones.
La situación es tan crítica, y tan fuera de lo normal, que el gobierno le ha pedido ayuda al Consejo Superior de la Judicatura.
Hasta el momento, solo se ha producido un fallo de un juez de Tunja que le dio la razón al Estado, basándose en que la Corte Constitucional avaló la Emergencia Social de 2008 pues no había herramientas para frenar antes estas pirámides. Los demandantes apelaron.
El escándalo de las pirámides, uno de los más grandes que ha tenido el país en el último medio siglo, está lejos de haber terminado. Lo que empezó en unas oficinas ante las que la gente hacía colas interminables, ahora anega los estrados judiciales. Este nuevo capítulo luce como una reedición del viejo dicho: "la ambición rompe el saco". Ya lo rompieron una vez los cientos de miles de familias que quedaron en la calle por buscar hacer dinero fácil con DMG y sus homólogas. Y ahora, guiados por abogados que ven en este proceso el negocio de sus vidas, muchos reclamantes pretenden que el Estado les pague más de lo que invirtieron, vía lucro cesante, intereses y daños morales.
Solo queda confiar en que el gobierno haya aprendido las lecciones del pasado y, esta vez, logre defenderse con éxito. No hay que olvidar que, de prosperar estas astronómicas demandas, todo el dinero saldría, a fin de cuentas, del bolsillo de los contribuyentes colombianos.