El debate sobre si prohibir o no las armas de fuego es espinoso. Hay experiencias contradictorias para mostrar si portar armas incide o no en los índices de homicidios. En Estados Unidos se atribuye a la libertad constitucional para comprar armas, incluso de largo alcance, que sus ciudades tengan tan altos índices de violencia. Se calcula que 250 millones de armas son responsables de 30.000 muertes violentas al año, entre ellas, ocho niños cada día. Pero en sociedades igualmente armadas, como la suiza, a pesar de que hay más de dos millones de fusiles de asalto en las casas de los ocho millones de habitantes del país, en promedio hay 300 asesinatos o suicidios con ellas al año. Las armas por sí solas no explican la violencia, sino el tipo de sociedad en que circulan.
En Colombia hay 1,2 millones de armas con salvoconducto, de las cuales por lo menos la mitad están en manos de la fuerza pública y el resto, en las de particulares, y se calcula que circulan 2,5 millones de armas ilegales. Todas ellas producen unas 12.000 muertes al año, de las cuales menos de una décima parte son producto del conflicto armado. Es decir que en este país la violencia por armas de fuego es cien veces más letal que en Estados Unidos. Aún así han fracasado los intentos de regular el porte de armas, con el argumento de que el problema no son las que tienen salvoconducto, sino las ilegales.
Los investigadores Jorge Restrepo y Édgar Villa hicieron un estudio el año pasado para medir el impacto de la prohibición del uso de armas en la temporada navideña de 2009, que se aplicó en 18 departamentos. La conclusión es que se evitó un 15 por ciento de las muertes, y que medidas como esa sí funcionan, pero de manera temporal y unidas a una fuerte iniciativa de cultura ciudadana.
Lecciones no aprendidas
Policía y Fiscalía se han concentrado en trabajar contra el crimen organizado. Sin embargo, está probado que una actuación preventiva de las autoridades sí funciona para disminuir la violencia en una ciudad. El mejor ejemplo es la Bogotá de los años noventa. Cuando el alcalde Antanas Mockus instauró su política de 'vida sagrada' y su célebre 'hora zanahoria', los homicidios bajaron de manera dramática y duradera. De 80 homicidios por 100.000 habitantes en 1993, la capital pasó a 19 en 1998 y se ha mantenido por debajo de esa cifra. Para Melo, esto puede atribuirse a la apuesta por la cultura ciudadana que lideró Mockus, no solo basada en campañas simbólicas y de valores, sino en abrir oportunidades de inclusión social para los sectores más pobres y en instaurar el ejercicio de la legalidad, también, con medidas de Policía y justicia.
Paul Bromberg, quien reemplazó a Mockus en la Alcaldía, dice que un factor muy importante fue el desarme obligado que se hizo. La combinación de pedagogía humana, oportunidades, mano dura y cultura de la legalidad fueron una fórmula cuya alquimia ha dado el mayor resultado en el país y en el continente. Por eso es inexplicable que la administración de Bogotá, como otras y como la propia Policía, haya bajado la guardia en el diseño de políticas de convivencia.
Un factor de fondo que puede ser parte de la explicación -y de la solución- es, paradójicamente, la seguridad democrática. Durante los ocho años anteriores el gobierno nacional se concentró en el combate a los grupos que amenazaban la democracia, como los guerrilleros y paramilitares, pero fracasó en su intento por contener la reproducción del crimen organizado y, más aún, la violencia cotidiana. El acento en el combate a los grupos armados descuidó el flanco de la seguridad ciudadana. Varias de las cifras de violencia en las ciudades vienen subiendo desde comienzos o mediados de la década de 2000 y no se vio una estrategia consistente para enfrentar el fenómeno. Esta tarea se ha dejado a las alcaldías, pero, salvo contadas excepciones, no hay programas fuertes de convivencia.
En muchas ciudades el énfasis se puso, y se mantiene, en las medidas punitivas y policiales más que en las culturales. Recientemente ha generado un agrio debate la medida tomada por la rectora de un colegio de Bogotá, quien decidió instalar cámaras para vigilar los alrededores de los planteles -para evitar el microtráfico y el matoneo, entre otras prácticas- y monitorear así a los estudiantes (la violencia en los colegios y entre muchachos muy jóvenes, niños en no pocos casos, es todo un capítulo en esta historia). Muchos expertos, como Melo, han cuestionado esta medida, porque convierte al colegio en un panóptico y porque en lugar de promover la educación para la libertad se basa en el control policivo.
La Policía, aunque reconoce la alta incidencia de la intolerancia en el universo de los crímenes que se cometen en Colombia, también explica el aumento de cifras de violencia como un asunto de percepción. Por un lado, dice que la gente ahora denuncia más y, por otro, que al bajar la intensidad del conflicto armado las otras violencias se hacen más visibles y cobran mayor despliegue en los medios de comunicación. Pero la realidad es tozuda y los hechos demuestran que, independientemente de lo que pasa en el imaginario de la gente, muchos colombianos siguen desangrándose en la calle por una mirada, una palabra o un error cualquiera.